La sanción de la ley tuvo lugar en la sesión ordinaria de este jueves, luego de ser aprobada, en segunda discusión, por unanimidad de la Plenaria Parlamentaria.
Se conoció durante el debate, que la norma está apegada a los principios de la soberanía energética, el dominio público de los yacimientos, la maximización progresiva de la renta y la protección ambiental.
En el texto quedó claro que se persigue el fortalecimiento de la industria nacional mediante la actualización de los esquemas de participación, donde destaca la modificación del artículo 23, que permite la ejecución de actividades primarias, a través del Ejecutivo Nacional o de empresas mixtas con control estatal y la incorporación de empresas privadas domiciliadas en la República, bajo contratos específicos con empresas del Estado.
La reforma establece, en su artículo 8, los mecanismos modernos para la resolución de controversias, mediante tribunales competentes o arbitraje, con el fin de brindar una seguridad jurídica sólida que atraiga inversiones estratégicas.
Igualmente, garantiza el equilibrio económico financiero para proteger los proyectos ante posibles cambios regulatorios o fiscales.
En el aspecto tributario, la ley fija, en su artículo 51, una regalía de hasta 30 %, y crea el Impuesto Integrado de Hidrocarburos con una alícuota de hasta 15% sobre los ingresos brutos.
La ley elimina otras cargas, como el Impuesto a los Grandes Patrimonios y contribuciones especiales, para dinamizar el flujo de caja de las operadoras y asegurar la rentabilidad social del crudo venezolano.
