Según el Decreto Ejecutivo 134, los manifestantes "han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la libre circulación, al trabajo y al ejercicio de actividades económicas".
En un principio, el estado de excepción, que llega a pocos días de la marcha en Cuenca a favor del agua y en contra de la minería, tendrá una vigencia de 60 días "sin perjuicio de una eventual terminación anticipada de la declaratoria". Incluye la suspensión del derecho a la libertad de reunión en las provincias afectadas, pero no contempla un toque de queda.
No obstante, el decreto puntualiza que tales limitaciones no suprimen el derecho a la protesta, siempre que esta se lleve a cabo de manera pacífica y sin vulnerar las libertades ni garantías de los demás ciudadanos.
"La decisión está tomada"
Este lunes, la portavoz de la presidencia ecuatoriana, Carolina Jaramillo, aseguró que el Gobierno no negociará la eliminación del subsidio al diésel, como había reclamado el sector del transporte. "Hemos dialogado siempre y lo seguiremos haciendo. Sin embargo, no hay espacio para la extorsión, para la negociación entendida como una suerte de presiones en donde el Gobierno 'tendría que terminar cediendo'", dijo y añadió que "la decisión está tomada".
Con la eliminación del subsidio, el coste del diésel pasará de 1,80 a 2,80 dólares por galón (entre 1,52 y 2,36 euros), lo que supone un aumento de un dólar (0,84 euros) por cada 3,78 litros.
