Durante sus declaraciones, aseguró que la delegación venezolana acude a esta cita con el objetivo de dejar constancia de una realidad jurídica que nadie puede ignorar.
Además, puntualizó que, a pesar de esta presencia física en la sede judicial, el Estado mantiene su postura de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para decidir sobre este caso.
El Acuerdo de Ginebra de 1966 obliga a las partes a buscar un arreglo práctico y satisfactorio que evite las tensiones generadas por la intervención de terceros organismos.
