La Administración Trump ha gastado más de 40 millones de dólares (unos 36 millones de euros) de los contribuyentes estadounidenses para firmar estos acuerdos
País.- “Me enteré de que sería deportado a África apenas unas horas antes del vuelo. Nadie me lo notificó; lo descubrí yo mismo por casualidad al alcanzar a ver mi nombre en la lista de personas que, sin saberlo, seríamos trasladados a Liberia, un país del que nunca antes había oído hablar. No tuve tiempo de defenderme legalmente ni de despedirme de mi familia. No pude hacer nada: ya estaba todo decidido”.
C. es un venezolano de 36 años que llevaba cinco años viviendo y trabajando en Estados Unidos. El 19 de agosto, los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lo embarcaron en un vuelo chárter que despegó desde Alexandria, Luisiana, deportándolo a Liberia, en África Occidental, junto a otros ciudadanos procedentes de América Latina, el Caribe y el África subsahariana. Se trata del primer grupo de las cerca de 1.200 personas en total que el Gobierno liberiano de Joseph N. Boakai aceptó recibir en el plazo de un año mediante uno de los mayores acuerdos bilaterales suscritos por la Administración Trump en el marco de su política antiinmigración.
A la llegada a la capital, Monrovia, de las 20 personas destinadas a Liberia, seis se habrían negado a bajar del avión y fueron deportadas posteriormente a Malabo, en Guinea Ecuatorial. Las personas que se quedaron en Liberia, como C., llevan más de una semana pasando los días en un hotel de Marshall —una ciudad costera a unos 50 kilómetros de la capital— adonde fueron trasladadas justo después del desembarco y del que nadie sabe cuándo saldrán.
Entre el 20 de enero de 2025 y el 15 de agosto de 2026, el Gobierno estadounidense ha firmado acuerdos de traslado con más de 35 países de África, Asia y América. En ese mismo periodo, ha deportado a más de 23.000 personas a 26 naciones, según Human Rights First y Refugees International, dos ONG que monitorean estos traslados forzados. Más de 300 detenidos han sido llevados a 14 países de África, entre los que se encuentran Liberia, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Esuatini y Sudán del Sur. Lo más alarmante, agregan las organizaciones, es que entre los expulsados hay personas con situación migratoria regularizada y con una retención de remoción, una protección que prohíbe la repatriación forzada al país de origen cuando existe un riesgo real de persecución o tortura, obligación consagrada en la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados y en la Convención contra la Tortura.
C., que cuenta con esta protección, jamás imaginó terminar en uno de los países más pobres del mundo. Pasó toda su vida en la región de los Andes venezolanos y salió en 2021. “Huí de Venezuela porque estuve a punto de que me mataran”, relata. Una vez en EE UU, obtuvo un permiso de residencia temporal con renovación anual que le permitía trabajar legalmente en el país.
“De día trabajaba en la venta de vehículos y por las noches entregaba comida a domicilio. Llevaba una vida normal, respetando la ley”, cuenta. “Un día de diciembre de 2025, me presenté en las oficinas de inmigración para los controles de rutina. Después de una media hora, me dijeron que me iban a detener, que tenían que hacer una investigación especial sobre mi caso y que me mantendrían en custodia durante las dos semanas siguientes hasta tomar una decisión”. Esas dos semanas se convirtieron en ocho largos meses de detención administrativa que terminaron en un traslado forzoso a un país con el que C. no tiene ningún vínculo familiar ni legal, y del que ni siquiera conoce el idioma.
“En ocho meses me trasladaron por nueve centros de detención diferentes. Son lugares donde nadie querría estar: sucios, llenos de ratas. Son centros donde también hay personas que han cometido delitos, pero yo soy inocente”. Lo que más lo conmueve es no haber podido ver nacer a su único hijo. “Cuando nació, yo ya estaba detenido. Ahora tiene cinco meses y no puedo abrazarlo; solo puedo verlo por videollamada. Son cosas que no se le desean a nadie”.
El poco consuelo que le queda es que, a diferencia de otros deportados en África, no ha terminado en una prisión. El gobierno liberiano aseguró que las personas deportadas a Liberia serían libres de moverse por el país, solicitar asilo allí o marcharse.
El Comité Estadounidense para Refugiados e Inmigrantes (USCRI, por sus siglas en inglés) ha denunciado que las detenciones administrativas, gestionadas por el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE, son otra herramienta de control migratorio cada vez más utilizada bajo la actual Administración para mantener privadas de libertad de manera ilegal a personas sin una sospecha razonable. Además, como señala el American Immigration Council, los continuos traslados de un centro a otro “a menudo alejan a las personas de sus seres queridos y de otras redes de apoyo, llevándolas a lugares donde el acceso a la asistencia legal es prácticamente imposible”.
En marzo de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó un documento con las directrices para agilizar la deportación de extranjeros hacia terceros países. Establece que, antes de expulsar a una persona, EE.UU. verifica si ese país ofrece garantías de que el detenido no sufrirá expulsión ni tortura. Si esas garantías existen y el Departamento de Estado las considera creíbles, la persona puede ser trasladada sin procedimientos adicionales y sin preguntarle si se siente inseguro.
A., otro venezolano de 45 años deportado a Liberia, cuenta que antes de ser expulsado de EE.UU. fue trasladado por cuatro centros de detención diferentes en cuestión de pocos meses, sin que su abogado fuera informado en ningún momento de los traslados ni de su deportación. “Todo empezó cuando, al principio de este año, fui con mi esposa a la oficina de inmigración para el chequeo de rutina. Ambos contábamos con la protección contra la repatriación a Venezuela y teníamos el récord limpio [sin antecedentes penales]. Sin embargo, a ella la dejaron ir y a mí me detuvieron para después expulsarme”, relata el hombre, que trabajaba en el sector de la energía eólica.
Durante los meses de detención, relata, sufrió fuertes ataques de ansiedad y depresión. Cuando lo embarcaron en el vuelo hacia Liberia, temió que quisieran acabar con su vida. “Estaba en pánico. Los agentes del ICE tienen ese poder: te aterrorizan psicológicamente con sus silencios, sus respuestas vagas y sus malos tratos”, cuenta A. “Cuando llegamos frente al avión intenté resistirme, pero el agente me frenó de inmediato: ‘O te subes colaborando o te subimos a la fuerza’. Apenas nos sentamos adentro, todos rompimos a llorar. Nos tuvieron encadenados de pies y manos durante todo el viaje [que duró unas 15 horas]”.
Al igual que gran parte de las personas deportadas a Liberia, A. también tenía esta protección. Cuando inicialmente le dijeron que lo repatriarían a Venezuela, respondió que no era posible, que allá correría el riesgo de ser perseguido por ser opositor político. “Me contestaron: ‘Ya no arriesgas nada. Venezuela ahora es libre’,”.
“Desde que me deportaron, mi hija está en terapia. Siempre me pregunta: ‘Papá, ¿por qué estás allá? Tú no hiciste nada’”, dice A. y rompe a llorar. “Mi hijo mayor dice que quiere dejar la escuela para ponerse a trabajar y ayudar a la familia en mi ausencia. Trato de estar presente con mis hijos por videollamada, pero la realidad es que somos una familia traumatizada. Están destruyendo familias enteras”. A. teme ahora que el ICE detenga también a su esposa. “Si se la llevan a ella también, mis hijos quedan desamparados; no tienen a nadie allá aparte de nosotros”, dice. “Yo ya no quiero vivir en EE.UU. Prefiero pedir asilo en Europa y llevarme a toda mi familia. Lo lograron: me quitaron el deseo de volver. Si antes no creía en la política, ahora ni siquiera me queda fe en los seres humanos”.
A. asegura que han recibido “una buena acogida por parte del país desde el principio” y que “las habitaciones del hotel están limpias, cada uno tiene su propio espacio y podemos entrar y salir cuando queramos. No quiero quedarme aquí, pero al menos soy un hombre libre”.
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Caso Robert Serra: Excarcelan a cuatro cómplices del asesinato ocurrido en Caracas en 2014W., de 40 años y originario de Honduras, añade que el personal de la OIM los visita a diario y que a él le están prestando asistencia con su diabetes. Ninguno de los entrevistados desea quedarse en Liberia y, a través de un abogado liberiano, están en contacto con bufetes jurídicos en Estados Unidos para trabajar en cada caso. “
La realidad es muy distinta cuando sales del hotel. Todos sentimos que no estamos en un país seguro”, señala W., quien por miedo a agresiones o robos nunca se aleja más de 10 metros de la puerta del recinto.
W. todavía conserva la esperanza de regresar. “
A mí me han deportado dos veces bajo la Administración Trump: primero a Honduras y, luego, a Liberia”, relata. El hondureño fue interceptado por agentes de la policía en julio en Nueva Orleans, mientras iba en automóvil a recoger a su esposa al trabajo. Terminó en el centro Jackson Parish Correctional, en Luisiana, y, de ahí, fue llevado un día al aeropuerto de Alexandria. Recuerda que en la sala de embarque algunos cubanos y guatemaltecos entraron en pánico y empezaron a rebelarse. “E
n ese momento, los agentes del ICE los amarraron y los sujetaron así”, dice y hace el ademán de un cuerpo inmovilizado casi de pies a cabeza. “Al ver esa escena, me puse a llorar. Me pregunté qué había pasado con el EE.UU. que yo conocía, el país donde me sentía libre y seguro para vivir y salir con mis hijos”.
Las personas que se negaron a desembarcar del avión en Liberia fueron deportadas a Guinea Ecuatorial, entre ellas un hombre cubano con un delicado estado de salud a raíz de una gran hernia ventral. Las organizaciones que monitorean las deportaciones a terceros países han denunciado las graves violaciones de derechos humanos y los abusos que sufren quienes son deportados a este país.
Los pormenores del acuerdo
El primer acuerdo, de septiembre de 2025, entre EE.UU. y Liberia es hoy objeto de impugnación en el marco del litigio UT contra Bondi sobre los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA, por sus siglas en inglés), puesto que la legislación norteamericana establece que un solicitante de asilo solo puede ser enviado a un tercer país si este es realmente “seguro” y ofrece un sistema de asilo integral y equitativo. El segundo acuerdo, anunciado hace unas semanas, está en vigor.
Sin embargo, Savi Arvey, directora de Políticas y Derechos de los Refugiados e Inmigrantes de Human Rights First, afirma que Liberia carece de la capacidad para procesar solicitudes de asilo. “Esto plantea una seria preocupación de que estos refugiados queden en un limbo indefinido o se vean sometidos a una devolución en cadena, siendo finalmente expulsados de nuevo a los mismos países y condiciones de los que huyeron”, comenta.
La Administración Trump ha gastado más de 40 millones de dólares (unos 36 millones de euros) de los contribuyentes estadounidenses para firmar estos acuerdos, según un informe publicado en febrero por los demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Los pactos son, por lo general, opacos: los documentos no se hacen públicos y difícilmente trascienden los detalles de qué ganan los terceros países al aceptar las personas detenidas.
Los acuerdos se firman, en medio de presiones diplomáticas y económicas: por un lado, la amenaza de aranceles, sanciones, restricciones de visados y el corte de fondos a organizaciones internacionales; por el otro, la promesa de ayudas e inversiones. Liberia no ha sido la excepción.
Después de que en octubre del año pasado el Gobierno de Boakai anunciara que aceptaría a un ciudadano salvadoreño expulsado de EE.UU., Washington extendió la validez de los visados de negocios y turismo para los ciudadanos liberianos de 12 a 36 meses. En diciembre, firmaron un acuerdo en el que EE.UU. se comprometió a destinar 124 millones de dólares al sector sanitario liberiano. Ese mismo mes, la compañía Ivanhoe Atlantic —respaldada por EE.UU.— aceptó pagar 1.800 millones de dólares por una concesión quinquenal para el transporte de mineral de hierro a lo largo del corredor ferroviario liberiano. En ese mismo periodo, según confirmó una investigación del New York Times, el Departamento de Estado accedió a proporcionar al Gobierno liberiano cinco millones de dólares para la gestión de los ciudadanos de terceros países trasladados desde EE.UU., a pesar de que el Gobierno liberiano había declarado previamente que no había recibido compensación alguna y que se trataba de un acuerdo “con fines estrictamente humanitarios”.
Yael Schacher, directora para las Américas y Europa de Refugees International y codirectora de Third Country Deportation Watch, declaró que la estrategia impulsada por la actual Administración estadounidense es una política exterior opaca y corrupta donde el dinero destinado cuenta con muy poco o ningún control, al contrario de lo que se afirma o se firma en los papeles.
