La ciudadanía participa mediante asambleas y realizan debates internos, a fin de que los vecinos identifican las prioridades de sus comunidades en áreas como servicios públicos, infraestructura y salud.
En este sentido, los consejos comunales y comunas asumen la responsabilidad de registrar los proyectos prioritarios para su posterior evaluación. Este mecanismo garantiza que los recursos públicos atiendan de forma directa los problemas más sentidos de la población.
El registro oportuno de las opciones asegura una oferta electoral diversa y legítima para el día de la votación. La consolidación de estos proyectos fortalece la democracia participativa y el desarrollo sustentable de los sectores más vulnerables.