En un comunicado, el Departamento de Estado dio la bienvenida a la decisión anunciada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y aseguró que el gobierno nacional se suma a los esfuerzos encabezados por Washington para "desmantelar" la Corte.
El Departamento de Estado acusó al tribunal de destinar recursos a investigar y acusar a ciudadanos de países con sistemas judiciales "competentes e independientes" que nunca aceptaron su jurisdicción.
Según Washington, esa actuación constituye una muestra de "extralimitación", "sesgo político" y "aplicación selectiva de la justicia".
Por su parte, el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, sostuvo que la CPI ha concentrado de forma "desproporcionada" sus investigaciones en países africanos y latinoamericanos y acusó al tribunal de actuar con un sesgo que responde a intereses ajenos a la justicia.
Según explicó, por instrucciones de Rodríguez, la decisión ya se comunicó al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.
La presidenta encargada también acusó a la Corte de haber acumulado un historial de actuaciones dirigidas contra los países del llamado «sur global» y defendió que Venezuela apuesta por una justicia internacional basada en el respeto de la soberanía y el derecho internacional.
La respuesta de la CPI
Por su parte, la CPI lamentó la decisión venezolana y recordó que la retirada no tendrá efecto inmediato.
El tribunal señaló que, conforme al Estatuto de Roma, Venezuela seguirá siendo Estado Parte durante un año desde la notificación formal y deberá continuar cooperando con las investigaciones y procedimientos ya iniciados.
El origen de la tensión entre EE.UU. y la CPI
La posición estadounidense respecto a la CPI es históricamente tensa. Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma y mantiene que el tribunal carece de jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses.
Durante su primer mandato, Trump impuso sanciones contra funcionarios de la Corte por investigar posibles crímenes de guerra cometidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán.
Aunque esas medidas se levantaron posteriormente por el presidente Joe Biden, Washington siguió rechazando cualquier intento de la CPI de ejercer jurisdicción sobre ciudadanos de países que no forman parte del tribunal.
En su segundo mandato, Trump retomó una postura de confrontación con la Corte, especialmente tras las actuaciones relacionadas con Israel, y ha insistido en que la institución actúa con motivaciones políticas y excede el mandato para el que fue creada.
