"El objeto, la naturaleza y razón siempre ha sido resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba mediante la negociación política, pacífica y diplomática", explicó la mandataria encargada.
Indicó que la situación no se refiere a la confirmación de la validez o invalidación de un laudo, sino que se trata de resolver "una controversia territorial que ambas partes reconocieron expresamente como no resuelta en 1966 y para la cual acordaron un método específico de solución, la negociación, no la imposición".
"Adoptó una estrategia ilícita de judicialización destinada a obtener a través de esta corte y sin el consentimiento de Venezuela lo que no pudo lograr en el marco del Acuerdo de Ginebra: validar un laudo fraudulento", señaló Rodríguez.
En este sentido, aseguró que "Venezuela no puede aceptar que este giro impulsado por Guayana redefine la naturaleza de la controversia o la forma en que debe resolverse".
La mandataria encargada señaló que la "corte no fue creada para sustituir la voluntad de los estados, sino para actuar dentro de los límites definidos por dicha voluntad, y esos límites en este caso están claramente establecidos en el Acuerdo de Ginebra".
Por último, dijo que "Venezuela no renunciará a su territorio ni a sus derechos legítimos, derechos expresamente reconocidos y preservados en el Acuerdo de Ginebra." "Para nosotros, la Guayana Esequiba no se reduce a meros intereses económicos y mercantiles; forma parte de nuestra moral histórica irrenunciable", sentenció.
