Lo que se vio recientemente en redes sobre la sobrepoblación y la cantidad excesiva de yates en Tucacas —uno de nuestros destinos más preciados— debe hacernos detener y reflexionar
Opinión.- Lo que se vio recientemente en redes sobre la sobrepoblación y la cantidad excesiva de yates en Tucacas —uno de nuestros destinos más preciados— debe hacernos detener y reflexionar. El comportamiento humano está marcando el rumbo de la crisis climática y también el futuro de nuestras comunidades costeras.
Lo ocurrido en el Parque Nacional Morrocoy dejó huellas visibles: contaminación en Los Juanes por el uso de químicos nocivos, acumulación masiva de residuos sólidos y desechos líquidos que ponen en riesgo manglares, fauna marina y la salud pública. Es doloroso pensar que nuestras playas, más que postales o sitios de descanso, son ecosistemas vivos que sostienen vidas, memorias y economías locales.
No es solo una cuestión estética. Las playas actúan como barreras naturales frente a marejadas y erosión; son criaderos y zonas de alimentación para peces, aves y tortugas. Cuando alteramos ese equilibrio —con basura, vertidos de aguas servidas o comportamientos irresponsables durante temporadas de asueto— comprometemos cadenas de vida enteras. La contaminación plástica provoca muertes de fauna que confunde bolsas con alimento; los desechos orgánicos y las aguas negras generan focos infecciosos que afectan a bañistas, pescadores y comunidades costeras.
Cuidar las playas también es cuidar la economía. El turismo costero y la pesca artesanal sostienen empleos y familias en muchas regiones del país. Playas limpias y bien gestionadas atraen visitantes y mantienen la productividad pesquera. Perder ese capital natural significa menos ingresos, menos oportunidades y más desplazamientos internos.
Tenemos un marco legal que reconoce la importancia del ambiente: la Constitución consagra el derecho a un ambiente sano y la obligación de preservarlo. La Ley Orgánica del Ambiente promueve la prevención, la gestión integrada de recursos y la responsabilidad por daños; hay normas penales y administrativas que sancionan los delitos ambientales y el manejo inadecuado de residuos, y ordenanzas locales regulan el uso de la franja costera y la gestión de desechos. También estamos comprometidos con acuerdos internacionales que protegen los ecosistemas marinos y costeros.
Pero las leyes no bastan si no hay acción ciudadana. Cada uno puede aportar con gestos sencillos: no arrojar basura en playas ni en ríos que desembocan en ellas, reducir y separar residuos, sumarse a jornadas de limpieza comunitaria, denunciar vertidos y construcciones ilegales, apoyar la conservación de manglares y áreas protegidas; y elegir un turismo responsable. Escuelas, empresas y organizaciones civiles deben ser aliados en educación ambiental y buenas prácticas.
Cuidar nuestras playas es una inversión a largo plazo en salud, cultura y economía. Es una decisión ética: dejar a las próximas generaciones costas vivas, no basureros ni zonas muertas. Informémonos sobre las normas, exijamos su cumplimiento y asumamos, en lo cotidiano, la responsabilidad de proteger nuestras costas. Proteger las playas es protegernos a nosotros mismos.
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