La capacitación y ética, con programas obligatorios en derechos humanos, debido proceso y anticorrupción para jueces, fiscales y funcionarios penitenciarios
Opinión.- Iniciando este año, desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia, la presidenta encargada Delcy Rodríguez hacía importantes anuncios al país. Uno de ellos era “La reforma del Poder Judicial”.
Una sacudida a un sistema judicial que ha criminalizado la pobreza, violado los derechos humanos, retardado los procesos de administración de justicia, violado el debido derecho a la defensa, matraca, extorsión, corrupción, entre otras irregularidades judiciales.
Además a esto, se le suma la concentración de poderes, la politización de órganos ministeriales como fiscalía y tribunales, la falta de independencia judicial y la impunidad por corrupción que han degradado la confianza ciudadana. Las medidas de seguridad y políticas penales han privilegiado la detención preventiva como herramienta de control social, resultando en sobrepoblación carcelaria, procesos sin pruebas suficientes y detenciones arbitrarias, particularmente contra personas en situación de vulnerabilidad o disidentes del gobierno. Quienes conformamos la comisión de amnistía fuimos testigos de testimonios desgarradores de los familiares de los privados de libertad.
También a todo esto se le suma la debilidad de la defensa pública, la limitación de garantías procesales (acceso a expedientes, plazos, motivación de sentencias) y la inexistencia de estadísticas fiables agravan el problema.
Entendemos que con la reforma parcial al Tribunal Supremo de Justicia, el nombramiento de una nueva comisión de credenciales para designar las vacantes del TSJ y los nuevos cargos creados, se inicia un proceso que debería ser, no solo de cantidad sino de calidad, para adecentar el sistema judicial venezolano. Esta “reforma prometida” debe también abordar todas las principales causas que han abatido la justicia en Venezuela.
La reforma debe rescatar la independencia judicial con los nombramientos imparciales de los jueces, fiscales y defensores del pueblo, así como sus actuaciones, más nunca deben ser por motivaciones políticas. Se le debe dar mas recursos financieros al sistema; mejores sueldos y salarios. Adecuar y modernizar la infraestructura y tecnología, fortalecer la Defensa Pública y ampliar la cobertura legal para personas pobres.
Restituir independencia judicial es urgente. Se debe implementar mecanismos transparentes y basados en méritos para nombramientos y remociones, con participación de colegios de abogados, universidades y organizaciones civiles. Revisión de prisiones preventivas, decretando revisión masiva de casos en detención preventiva, priorizar medidas cautelares no privativas y liberar a personas procesadas por delitos no violentos o vinculadas a pobreza, o casos por medidas humanitarias.
Un elemento que consideramos importante es el uso de la tecnología. La digitalización y gestión de expedientes implementando sistema electrónico de gestión procesal para reducir atrasos, garantizar acceso a expedientes y audiencias virtuales cuando proceda.
Acabar con la opacidad de la información con transparencia y estadísticas, publicando mensualmente indicadores judiciales, y crear observatorio independiente con apoyo de organizaciones nacionales e internacionales.
La educación también juega un rol fundamental en esta “reforma”. La capacitación y ética, con programas obligatorios en derechos humanos, debido proceso y anticorrupción para jueces, fiscales y funcionarios penitenciarios; sanciones claras y ejemplarizantes por conductas irregulares.
Restablecer los mecanismos de supervisión parlamentaria y participación de organismos independientes para investigar actuaciones arbitrarias. Cooperación técnica internacional condicionada a avances, aceptando asistencia de organismos internacionales para reformas judiciales vinculada a indicadores verificables. Finalmente, un rol activo de la sociedad civil y medios de comunicación, para proteger y potenciar la labor de defensores, ONG y periodistas que monitoreen procesos y expongan irregularidades.
La superación del actual estado de injusticia exige cambios institucionales concretos y medidas urgentes para aliviar la crisis humanitaria procesal, restaurar independencia judicial, reducir prisiones preventivas, fortalecer la defensa pública y garantizar transparencia. Sin estos pasos dentro de la “reforma prometida” las soluciones serán parcheos temporales y, sin ellos, no se puede comenzar a reconstruir un sistema justo y legítimo. ¡Apostamos a una nueva Venezuela!
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