Entre las víctimas está Lorenzo Antonio Batrez Vargas, mexicano de 32 años, conocido como Lenchito, quien falleció el pasado 31 de agosto en el Central Arizona Correctional Complex, en Florencia, Arizona.
Una página de recaudación de fondos creada por su familia indica que murió probablemente por complicaciones de Covid-19, sin recibir “la atención médica que él se merecía”. El texto añade: “Ninguna familia debería tener que preguntarse si la vida de su ser querido podría haberse librado con más compasión, más cuidado o más justicia”.
Desde 2019, 69 migrantes han muerto en centros de detención del ICE, según datos oficiales. De los 14 fallecidos en el primer año del segundo mandato de Trump, tres eran mexicanos. Otros casos incluyen a Isidro Pérez, cubano de 75 años, quien murió de un infarto en Miami tras ser detenido el 5 de junio, y Jesús Molina Veya, mexicano de 46 años, que se suicidó el 7 de junio en Atlanta tras ser detenido en abril.
Amarela Varela, profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, describe esta situación como una “política y pedagogía de la crueldad” que, aunque lleva 35 años en curso, se ha intensificado bajo Trump. “Es la misma política con republicanos y demócratas; Trump no la inventó, solo la está volviendo más cruel”, afirma Varela.
Actualmente, más de 200 centros de detención en Estados Unidos albergan a 61,000 migrantes, casi el doble de los 37,000 registrados al inicio del segundo mandato de Trump.
El 70 por ciento de los detenidos no tiene sentencia, y muchos enfrentan cargos por delitos menores, como infracciones de tránsito.
Desde enero de 2025, ICE ha arrestado a 236,000 personas y deportado a 207,000, según el Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, el 65 por ciento de los detenidos no tiene condenas penales, y solo el 6.9 por ciento de los que sí tienen antecedentes enfrenta cargos por delitos violentos, según el Cato Institute.
Las condiciones en los centros de detención son un factor clave en las muertes. Reportes describen hacinamiento, falta de acceso a comida, agua y atención médica adecuada. En Florida, mujeres detenidas denunciaron haber sido obligadas a orinar en el suelo de un autobús rumbo al centro de detención Krome.
