Fiscalía de Colombia imputará el delito de homicidio agravado a los detenidos por la muerte de Miguel Uribe Turbay (+Detalles)
La Fiscalía ha revisado los movimientos de Uribe Turbay para determinar si era objeto de vigilancia previa al ataque
Internacional.- La muerte del senador y aspirante a la presidencia colombiana, Miguel Uribe Turbay, ya generó el primer efecto a nivel jurídico. La Fiscalía General de la Nación radicará este lunes una audiencia de imputación en la que les leerá, a los seis detenidos por el crimen, el delito de homicidio agravado.
Este anuncio hace que los capturados tengan que declarar si aceptan o no ese cargo ante un juez, en cambio de la tentativa de homicidio que les habían leído en distintas diligencias judiciales, en las que se revelaron detalles del asesinato, producto de un ataque sicarial del pasado 7 de junio en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia.
Los detenidos por el caso
Hasta el momento, la Fiscalía ha capturado a seis personas relacionadas con el atentado. El primer sospechoso es un menor de 15 años, detenido en el lugar de los hechos y señalado como el autor material.
Un segundo implicado es Carlos Eduardo Mora González, presunto coautor del ataque.
Posteriormente, se arrestó a Katerine Andrea Martínez Martínez, una mujer a la que se le acusa de haber participado en la planificación del atentado.
Un cuarto detenido, William Fernando González Cruz, habría transportado a otros implicados en un vehículo el día del crimen. A principios de julio, fue capturado Elder José Arteaga Hernández, alias "El Costeño", considerado el presunto coordinador principal del atentado.
Finalmente, se detuvo a una sexta persona que, según la Fiscalía, fue la encargada de trasladar al adolescente fuera del lugar de los hechos.
Consecuencias legales tras la muerte del senador
En entrevista con Infobae Colombia, el abogado penalista David Sinitave Sucerquia explicó que el fallecimiento de Uribe Turbay tiene implicaciones directas en el proceso judicial. Si bien los implicados fueron acusados de homicidio agravado en grado de tentativa, la Fiscalía General de la Nación tiene la facultad de modificar esta calificación jurídica a homicidio agravado consumado.
Este cambio está contemplado en la ley y en la jurisprudencia colombiana, especialmente cuando no se ha presentado el escrito de acusación. La modificación tendría un impacto significativo en la posible pena a imponer.
El delito de homicidio agravado en grado de tentativa tiene un rango de pena que oscila entre los 120 y 300 meses de prisión, mientras que el homicidio agravado consumado conlleva penas más severas, que van desde los 480 hasta los 600 meses de prisión, es decir, de 40 a 50 años.
El jurista precisó que la Fiscalía puede ajustar su formulación sin necesidad de modificar los hechos fácticos ya establecidos, siempre que estos permitan sustentar la nueva calificación, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa de los acusados.
La investigación policial
En una conferencia de prensa realizada al día siguiente del ataque, la fiscal Luz Adriana Camargo confirmó que se había incautado un arma vinculada a los hechos, donde se llevaron a cabo estudios tanto al arma como a las 12 vainillas recuperadas para determinar si tenían relación con otros crímenes.
El director de la Policía de Colombia, Carlos Fernando Triana, informó que el arma fue comprada en Arizona, Estados Unidos, el 6 de agosto de 2020, y se está investigando cómo ingresó al país. Además la Fiscalía también ha revisado más de mil videos de la zona para rastrear los movimientos del menor detenido y los momentos posteriores al atentado.
¿En qué van los procesos?
La principal hipótesis que tienen las autoridades (al mando del caso están la Fiscalía General y la Policía Nacional) en este crimen es que lo habrían ordenado las disidencias de las Farc. Hay versiones que apuntan hacia una facción de alias Iván Mordisco, y otras hacia alias Iván Márquez y su "Segunda Marquetalia".
A esos nombres se ha llegado luego de que varios de los detenidos han venido colaborando con los agentes a cargo de la investigación. A cambio de eventuales beneficios, les han dado nombres y fechas clave para llegar a los determinadores.
Lo que se sabe es que entre los que han levantado la mano para delatar a sus presuntos socios en este plan criminal son el joven sicario y Katerine Andrea Martínez. Ambos fueron imputados por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, los cuales no aceptaron porque por otro lado las negociaciones con la Fiscalía siguen sobre la mesa. De hecho, lo que dijo Martínez fue lo que volcó a los agentes a indagar por una presunta facción de las disidencias en el departamento de Caquetá.
El caso del menor de edad
El caso del menor de 15 años, quien fue herido durante la persecución policial, merece una atención especial. A pesar de su presunta participación en el asesinato, su condición de adolescente lo ubica en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).
Este sistema establece que el menor podría enfrentar una sanción de hasta ocho años, que no sería una pena de prisión, sino un alojamiento en un centro para adolescentes infractores, con un enfoque reparador.
El proceso judicial que va más avanzado es el del menor quien bajo un sistema especial fue acusado el pasado 4 de agosto en un juzgado especializado. La sentencia en su contra quedó fijada para el 27 de agosto.
Es de destacar que todos se encuentran recluidos en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, bajo un estricto protocolo de seguridad que, en el caso del menor de edad, tiene a funcionarios del Bienestar Familiar con un constante monitoreo.
