Detalló que el principal objetivo es garantizar que la ayuda llegue a tiempo para los más necesitados. Por tal motivo, consideró que el marco jurídico busca establecer reglas claras para que la acción humanitaria pueda movilizarse sin trabas ni condiciones y otorga claridad jurídica al organismo galeno como auxiliar de los poderes públicos en la materia, con una colaboración efectiva y sin ser politizada.
"Esta ley no es para la Cruz Roja, es para los venezolanos y las venezolanas, porque, cuando ocurre una emergencia, cuando una comunidad enfrenta una inundación, cuando una familia necesita atención médica urgente, lo más importante es que la ayuda llegue a tiempo", especificó.
Farías enfatizó que "la necesidad no tiene ideología", ya que explicó que la ley otorga la claridad jurídica necesaria para que la institución cumpla su rol como auxiliar de los poderes públicos.
Subrayó que el equilibrio entre el Estado y la acción independiente es lo que genera confianza en tres niveles fundamentales: En la ciudadanía, que recibe ayuda basada solo en su necesidad y no en su ubicación o afinidad política; en el Estado, que cuenta con un auxiliar técnico, organizado y profesional, y en la comunidad internacional, al alinear a Venezuela con los estándares humanitarios globales.
Destacó que "Uno de los puntos neurálgicos de la propuesta es la protección de los más de cuatro mil voluntarios que integran la institución en todo el país".
En ese sentido, Farías insistió en que se trata de blindar jurídicamente a quienes están en la primera línea de emergencia que permite que las comunidades reciban mayor apoyo: “Cuando el voluntariado actúa sin miedo, la comunidad recibe más ayuda”.
Dijo que la ley fortalecerá la integración formal de la Cruz Roja en los Sistemas de Gestión de Riesgo y Protección Civil, con el fin de reducir la improvisación en situaciones críticas. “En una emergencia, la coordinación salva vidas”, puntualizó.
