Durante la sesión de dos horas, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, insistió en que la ley es un perdón para personas que cometieron delitos en el país
País.- La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves una histórica ley de amnistía para liberar a cientos de presos políticos condenados en distintos momentos de crisis política del país y excluye a quienes hayan participado en acciones armadas o de fuerza.
El texto de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, consta de 16 artículos y plantea que es deber del Poder Legislativo “dictar medidas que sirvan para reparar” las “heridas profundas” que ha dejado la confrontación política en la sociedad venezolana.
“La amnistía general propuesta busca la convivencia y la paz entre los venezolanos y las venezolanas, permitiendo la coexistencia desde la diversidad y la pluralidad, siempre con respeto a la ley y a la justicia”, afirma la propuesta de ley.
Durante la sesión de dos horas, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, insistió en que la ley es un perdón para personas que cometieron delitos en el país.
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amnistía es un perdón a cierto tipo de delito” y agregó que “uno no perdona a quien no haya cometido una falta” establecida en las leyes.
Varias organizaciones venezolanas defensoras de derechos humanos cuestionaron en enero, tras la propuesta presentada por la mandataria encargada, que se presente la amnistía como un perdón, porque asume a los presos políticos como culpables de delitos.
Los argumentos del proyecto de amnistía
El Gobierno venezolano plantea que con esta ley busca establecer la paz nacional y superar “los ciclos de confrontaciones estériles”. También califica la iniciativa como “un acto de clemencia soberana que priorice el futuro y el respeto al Estado de derecho”.
El documento reafirma, tal como señaló la mandataria encargada al anunciar la medida, que el objetivo es promover la reconciliación y alejarse de “la venganza y la revancha”.
A quiénes alcanzaría la amnistía general
La ley propone que la amnistía general alcanzaría a todas las personas que hayan sido procesadas o condenadas por la presunta o comprobada “comisión de delitos políticos o conexos” entre 2002 y 2025.
En ese rango de fechas, plantea 13 casos y contextos (tres más de los que se plantearon inicialmente) en los que se contempla la amnistía.
Entre ellos menciona:
- Golpe de estado del 11 y 12 de abril del año 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas.
- Los relacionados con el paro y sabotaje empresarial y petrolero de diciembre del año 2002 a febrero de 2003.
- Los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar con ocasión a la convocatoria y posterior realización del referendo revocatorio presidencial del año 2004.
- Los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar en mayo del año 2007.
- Los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos ocurridos entre julio y septiembre del año 2009.
- Los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos acaecidos con ocasión de las elecciones presidenciales de abril del año 2013 y la proclamación de sus resultados.
- Los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos acaecidos entre febrero y junio del año 2014.
- Los relacionados con las actuaciones de la Asamblea Nacional instalada para el período 2016-2021 y el desconocimiento de las instituciones y autoridades públicas.
- Los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos ocurridos entre marzo y agosto del año 2017.
- Los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar entre enero y abril del año 2019, salvo los constitutivos del delito de rebelión militar.
- Los relacionados con la convocatoria y realización de los procesos internos para la selección de candidatos y candidatas presidenciales que tuvieron lugar en el año 2023.
- Los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar en el marco de las elecciones presidenciales celebradas en julio del año 2024.
- Los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar en el marco de las elecciones regionales y para la Asamblea Nacional realizadas en el año 2025.
Los casos y delitos excluidos
Según plantea el artículo 9 de la ley, quedan excluidos de esta amnistía las personas que estén procesadas o condenadas por la comisión de una serie de delitos.
Entre ellos mencionan las violaciones graves a los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y también los casos de homicidio intencional, de tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con pena mínima aplicable superior a nueve años de prisión, y los delitos previstos en la Ley contra la Corrupción.
Registros y antecedentes serán eliminados
De acuerdo con la normativa, una vez que esté en vigencia la ley “cesará cualquier medida de coerción personal y las medidas alternativas a la privación de libertad que hayan sido acordadas”, lo que implica que se extinguirán “todas las acciones penales, administrativas, disciplinarias o civiles” que se encuentren en trámites judiciales y procedimientos, incluso las solicitudes de extradición relacionadas con hechos vinculados a la amnistía.
Será el Tribunal a cargo de cada caso quien verificará las amnistías y decretará el sobreseimiento de los procesos en curso o la revisión de la sentencias firmes para su anulación, dice el proyecto. Ese proceso se dará “a solicitud del Ministerio Público o de la persona procesada o condenada”.
Con esta normativa, las autoridades policiales, administrativas y militares darán por finalizados los procedimientos y averiguaciones relativos a los casos y se eliminarán los registros y antecedentes relacionados. Esto último puede ser de oficio o bien ante la solicitud de la persona interesada o de la Fiscalía, según detalla el texto.
