"El proyecto impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, representa un paso estratégico para cerrar ciclos de conflicto y fortalecer la estabilidad institucional del país", aseveró.
Pese al alcance de esta iniciativa de pacificación, el experto aclaró que "el beneficio no es absoluto, puesto que, de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución, los crímenes de lesa humanidad y las violaciones graves a los derechos humanos quedan fuera de cualquier proceso de perdón".
En este sentido, agregó que la normativa excluye los delitos relacionados con el tráfico de drogas y las acciones directas contra el orden constitucional, "lo que asegura que la búsqueda de paz no genere impunidad en faltas de extrema gravedad".
Artigas recordó que el país cuenta con antecedentes exitosos en el uso de esta herramienta jurídica, como en el año 2000, cuando se dictó un perdón para militares alzados contra políticas económicas previas, mientras que en 2007 se aplicó una amnistía general tras los hechos del golpe de Estado de 2002.
Resaltó que "esta nueva etapa retoma esa tradición de diálogo jurídico para atender las causas de quienes participaron en revueltas contra el Gobierno durante las últimas dos décadas".
Comentó el especialista que un punto clave en el debate actual es la Ley Constitucional contra el Odio, la cual califica sus faltas como delitos graves.
El jurista señaló que, para que estos casos entren en el proceso de pacificación, será necesaria una revisión técnica de dicha norma porque “requeriría un proceso de revisión de esta misma ley, porque de lo contrario no entrarían dentro de violaciones graves en los derechos humanos”, lo que requiere un esfuerzo adicional de coordinación entre los poderes públicos.
