Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Uruguay y Venezuela manifiestan su inquietud ante tales acciones extrarregionales.

Asimismo, recuerdan en la misiva que América Latina y el Caribe han sido proclamadas como "Zona de Paz", compromiso adoptado por todos los Estados miembros y sustentado en principios como la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, la solución pacífica de controversias, la promoción del diálogo y el multilateralismo, el respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y el derecho inalienable de los pueblos a la autodeterminación.

En el texto destaca que en la región americana existe un Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco), que constituye un hito histórico que convirtió a nuestra región en la primera zona densamente poblada del mundo libre de este tipo de armamento. 

"Este tratado refleja la vocación de nuestros pueblos por la paz, la seguridad colectiva y la proscripción definitiva de las armas nucleares como medio de coerción o amenaza".

Además, declaran que reconocen la existencia del crimen organizado transnacional y el narcotráfico, que "constituyen una amenaza significativa para alcanzar sociedades pacíficas e inclusivas, por lo que reafirman su voluntad de combatirlos de manera prioritaria, aumentando la cooperación y la coordinación regional e internacional en el marco del respeto al Derecho Internacional y cumpliendo con los marcos legales y convenios internacionales vigentes".

Por lo antes expuesto, los países de la CELAC firmantes de esta declaración "hacen un llamado a promover un entorno seguro y reiteran su firme compromiso con la defensa de la paz, la estabilidad, la democracia y el desarrollo en toda la región".