Dictan libertad condicional a Carlos Urbano Fermín, empresario que pagó soborno a Ortega Díaz
La información la publicó el medio The Freedom Post a través de Twitter
País.- El empresario Carlos Urbano Fermín fue detenido en los Estados Unidos, donde admitió haber pagado un soborno de 1 millón de dólares a la ex fiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, según reporta el medio The Freedom Post.
“El soborno fue para evitar cualquier pesquisa en sus contratos petroleros con PDVSA” detalla el medio a través de Twitter.
Cinco años de libertad condicional
De igual manera, se conoció que Urbano Fermín fue condenado este lunes en un tribunal de Florida a 5 años de libertad condicional por el delito de "conspiración para defraudar", una pena reducida por su colaboración con la Justicia.
El fiscal federal adjunto Michael Berger había buscado una sentencia reducida de casi dos años de prisión para Carlos Urbano Fermín en reconocimiento a su “asistencia significativa”.
Pero el juez Robert Scola dictó una sentencia aún más leve y se puso del lado de los abogados de Fermín, quienes argumentaron que debería recibir un trato similar al de un acusado que cooperó en otro caso de soborno en Venezuela.
Fermín, al declararse culpable el año pasado, admitió haber pagado alrededor de $1 millón en sobornos a un “fiscal de alto rango” en Venezuela como “seguro” contra cualquier investigación sobre los extensos tratos de su empresa constructora con el gigante petrolero estatal PDVSA.
La fiscal venezolana no identificada es la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega, informó The Associated Press el año pasado. Ortega no ha sido acusado, pero anteriormente dijo que las acusaciones de soborno fueron un intento infundado del gobierno de Maduro para obligarla a confesar y empañar su reputación.
Pagar sobornos o destruir su negocio
“Nunca soñé que me encontraría en esta situación”, dijo Fermín en la sentencia del lunes, describiendo cómo se vio obligado a tomar la decisión imposible de pagar sobornos o destruir o incautar su negocio de 1.500 empleados.
También agradeció al gobierno de Estados Unidos por proporcionar un refugio seguro que le ha permitido evitar un destino como el de su hermano, quien está encarcelado en Venezuela desde 2017 por lo que considera cargos falsos.
Ortega rompió con el liderazgo socialista de Venezuela en 2017, fue destituida de su cargo de fiscal general y huyó a la vecina Colombia, donde ella y un equipo de fiscales exiliados proporcionaron pruebas a la Corte Penal Internacional de abusos contra los derechos humanos presuntamente cometidos por gobierno de Nicolás Maduro.
Los aliados del líder opositor Juan Guaidó se unieron en su defensa, llamándola fiscal jefe “legítima” de Venezuela y tratando de aprovechar su deserción para construir una coalición anti-Maduro más amplia.
Desde entonces, se mudó a España a medida que avanzaba la investigación penal de EE. UU. sobre la corrupción dentro del poder judicial de Venezuela.
Según una presentación de hechos de tres páginas y muy redactada que acompañaba su declaración de culpabilidad el año pasado, Fermín dijo que entre 2012 y 2016, sus compañías obtuvieron numerosos contratos importantes de tres empresas conjuntas de PDVSA con compañías petroleras extranjeras, entre ellas China National Petroleum Company, Rosneft de Rusia. y la francesa Total SA.
“Póliza de seguro"
A principios de 2017, la oficina de Ortega abrió una investigación sobre la adjudicación de esos contratos. Casi al mismo tiempo, fue abordado por un abogado en Venezuela que era cercano al fiscal de alto rango anónimo con la promesa de que podría anular cualquier investigación criminal, dijo Fermín.
Describiéndose a sí mismo como una “póliza de seguro”, el intermediario “informó al acusado que tenía la capacidad de prevenir cargos penales”, según el expediente judicial.
Posteriormente, dijo Fermín, transfirió aproximadamente $1 millón de los EE. UU. a cuentas en beneficio del funcionario venezolano anónimo, incluido un pago de $100,000 a un banco en el suburbio de Coral Gables en Miami.
El gobierno venezolano nunca presentó cargos contra las empresas de Fermín mientras Ortega fue fiscal jefe, aunque su sucesor designado, Tarek William Saab, sí lo hizo poco después de asumir el cargo en 2017, cuando acusó a Fermín y sus dos hermanos. (AP)
