La desvinculación operativa de la empresa con sede en Houston respecto a su matriz Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ocurrió en el año 2019. Esta separación fue ejecutada por la Asamblea Nacional (AN) de la oposición, tras la imposición de sanciones al sector energético nacional.
Ante este escenario, el Gobierno venezolano impulsó una profunda reorganización de sus equipos legales y administrativos para retomar el control formal de la refinería. La administración central sustituyó a los bufetes de abogados contratados previamente para representar a la industria en diversas demandas y arbitrajes en el extranjero.
Como parte del contexto legal sobre la subasta organizada por un tribunal estadounidense, el proceso de venta para el pago de deudas aún no se ha concretado. Mientras tanto, el Departamento del Tesoro de EE.UU. extendió la protección de la propiedad ante los acreedores mediante una licencia vigente hasta el 17 de septiembre.
