Opinión

Cita con la historia: La Academia Nacional de la Historia y el Decreto de Garantías Republicanas

Luego de la terrible guerra fratricida conocida como “Revolución Federal”, se dictó aquel decreto que, mal que bien, armonizó la vida de los venezolanos por más de ciento sesenta años
6 de febrero de 2026
Opinión.- Esta semana, la Academia Nacional de la Historia emitió un comunicado titulado “En Defensa de los Principios Republicanos”, en el que trata la actual situación del país. Allí hace referencia a una ley casi olvidada: El “Decreto de Garantías Republicanas” de 1863.

Luego de la terrible guerra fratricida conocida como “Revolución Federal”, se dictó aquel decreto que, mal que bien, armonizó la vida de los venezolanos por más de ciento sesenta años. Vinieron y pasaron gobiernos y dictaduras, pero lo establecido en aquel decreto de manera general era observado y solo de manera extraordinaria, las dictaduras de los siglos XIX y XX algunas de sus disposiciones fueron violentadas, y casi siempre de manera puntual. En el siglo XXI, eso cambió y cambió para mal.

Recuerda en un artículo publicado hace quince años el Gral. Eumenes Fuguet Borregales, individuo de número de la Academia de Historia del estado Carabobo, que este Decreto tiene su origen en una petición que hiciera al presidente Juan Crisóstomo Falcón, en marzo de 1863, un grupo de valencianos encabezados por Francisco Esteban Caballero, de los fundadores del Colegio de Abogados de Carabobo. En Agosto, Falcón dictó el decreto que fue refrendado por su ministro del Interior, Guillermo Tell Villegas, otro valenciano.

Las disposiciones del Decreto de Garantías de 1863, que los venezolanos de hoy anhelan disfrutar nuevamente, las podemos reducir en lo siguiente:
Primero que todo, la abolición efectiva y real de la pena de muerte, primera disposición del Decreto de Garantías. No basta con que la constitución proteja de manera meramente formal la vida del ser humano, cuando en el siglo XXI los venezolanos vieron, en vivo por las redes y la televisión, cómo los ciudadanos fueron asesinados por agentes del estado.

En segundo lugar, consagra el Decreto de 1863 el derecho a la propiedad, derecho fundamental para el crecimiento y la riqueza de una nación que en el presente siglo vimos cómo, por caprichos o por intereses bastardos, los venezolanos y extranjeros eran despojados con un mero “exprópiese” de lo que por derecho les pertenecía.

Los legisladores de 1863 establecieron la inviolabilidad del hogar doméstico, que sólo podrá ser allanado por disposición judicial. Sobra cualquier comentario.

En 1863 se consagró el secreto de la correspondencia y de los documentos privados. No existían ni los teléfonos celulares, ni el watsApp en aquellos días, y los venezolanos del siglo XXI viven temerosos de cualquier comentario en sus redes sociales.

También se consagró en el Decreto de Garantías del 63 el derecho al libre pensamiento. Nadie debía temer ser perseguido por expresar sus ideas.
Se garantizó el derecho al sufragio, quizás uno de los derechos más vulnerados en el siglo actual.

Otro derecho garantizado era el de asociación, pacífica y sin armas. Ni siquiera en tiempos de dictaduras del siglo XX vieron los venezolanos que les robaran sus partidos políticos.

También estuvo consagrado el derecho a la libertad personal y al libre tránsito, que se convirtieron en una entelequia. Así como la prohibición de incomunicar a un ciudadano, o que lo procesen jueces que no sean de su territorio.
Y, sobre todo, se execró la tortura…

El derecho de petición que, consagrado en el 1863, ha sido inmisericordemente pisoteado a todos los niveles por el Estado, cuyos personeros se han burlado en todas las formas y maneras posibles de los venezolanos que imploran el cumplimiento de las leyes. Ese fue un decreto que buscaba que todos los venezolanos, sin distinciones de sus creencias pudieran vivir en armonía y sin temor.

Como dice en su comunicado la Academia: debemos rescatar sin vacilación la idea y las prácticas de la república que nos legaron los padres fundadores, gracias a las cuales hemos llevado a cabo una convivencia. Debemos sacar de su reposo el Decreto de Garantías de 1863 para mover voluntades en un acuerdo constructivo. 
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VÍA Equipo de Redacción Notitarde
FUENTE Editoría de Notitarde