Por su parte, la presidenta, Claudia Sheinbaum, levantó una muralla de protección al deslizar que “si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”. La estrategia pasa por intentar ganar tiempo y lograr cierto margen para marcar los tiempos. De hecho, la renuncia temporal de Rocha abre la puerta a una investigación de la propia Fiscalía General de la República (FGR). Aunque de momento, la postura oficial es que ha pedido más pruebas a sus homólogos estadounidenses antes de actuar y llegar a una hipotética detención en México y extradición al norte de la frontera, como pide el Departamento de Estado.
En un mensaje de apenas dos minutos, Rocha Moya negó las imputaciones que le hacen desde los tribunales estadounidenses. “Tengo la conciencia tranquila (...) Son falsas y dolosas las acusaciones en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de enfrente porque no los he traicionado ni los traicionaré”, aseguró el gobernador. “Eso lo demostraré en el momento en que las autoridades de justicia de mi país lo requieran”, añadió.
Se espera que este sábado el Congreso local sesione de emergencia para discutir la solicitud de licencia del gobernador morenista de 76 años. Al separarse temporalmente, el político mantiene el fuero que le brinda protección ante una detención. Se espera que lo sustituya Yeraldine Bonilla, la actual secretaria de Gobierno. El movimiento de este viernes contrasta, en todo caso, con la tranquilidad con la que Rocha pareció encajar el escándalo en un primer momento. El mismo día que se hizo pública la imputación, dijo que había hablado con la presidenta y que no iba “a pasar nada”.
Rocha Moya es el nombre más importante en la acusación de los fiscales neoyorquinos, pero no es el único. También figuran el senador Enrique Inzunza Cázarez, también de Morena; el empresario y exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, los exdirectores de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilez y Alberto Jorge Contreras Núñez, el exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez, el exdirector de la Policía Estatal José Antonio Dionisio Hipólito, el alcalde de Culiacán, la capital de Sinaloa, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el exsecretario de Seguridad de este municipio, Juan Valenzuela Millán.
La Justicia estadounidense acusa al grupo de recibir sobornos y colaborar con la facción de Los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, el capo que cumple una sentencia de por vida en una prisión de Colorado. El grupo de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López se disputa, desde finales de 2024, el control de la organización criminal con la facción de los leales a Ismael El Mayo Zambada, otro legendario capo que espera sentencia en Nueva York.
“Los acusados, todos ellos funcionarios actuales o antiguos del gobierno o de las autoridades del orden público en Sinaloa, han participado en esta asociación delictuosa con el cartel para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a los Estados Unidos”, se lee en la acusación hecha pública el miércoles.
