“Estas acciones representan una violación grave, manifiesta y deliberada de los principios más fundamentales del derecho internacional, sientan un precedente peligroso y corren el riesgo de desestabilizar a toda la región y al mundo”, dijeron los expertos.
Destacaron que el uso no provocado de la fuerza armada en territorio soberano venezolano constituye una clara violación del Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe inequívocamente la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Asimismo, podría constituir el crimen internacional de agresión atribuible a los líderes políticos y militares involucrados.
Estas acciones, según se informa, causaron la pérdida de un número indeterminado de vidas. Estas acciones se ven agravadas por la serie de medidas coercitivas unilaterales adoptadas previamente contra Venezuela, incluyendo un bloqueo naval y la incautación armada de buques cisterna, así como la ejecución extrajudicial de al menos 115 civiles presuntamente vinculados al narcotráfico. «Todas estas medidas son contrarias al derecho internacional y humanitario, incluido el derecho inderogable a la vida», afirmaron los expertos.
Expertos de la ONU señalaron que, según el derecho internacional consuetudinario, los jefes de Estado en ejercicio gozan de inmunidad ante la jurisdicción penal de tribunales extranjeros —no ante la jurisdicción de la Corte Penal Internacional— mientras ocupen el cargo. Este principio fue ratificado por la Corte Internacional de Justicia en su fallo de 2002 sobre la "Orden de Arresto", y es aplicable independientemente del reconocimiento diplomático o de consideraciones políticas.
“Este ataque sin precedentes contra Venezuela no debe considerarse un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio y profundamente preocupante de desprecio sistemático por la paz, el derecho internacional y las instituciones multilaterales”, afirmaron los expertos. “Este regreso a la diplomacia de las cañoneras incluye reiterados actos de agresión militar, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y diplomacia coercitiva, la imposición de sanciones contra jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional y un Relator Especial de la ONU por su labor realizada en virtud de un mandato encomendado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.
“En conjunto, estas prácticas representan un desafío deliberado al orden jurídico internacional y al principio mismo de que el poder debe estar limitado por la ley”, afirmaron. “Si se toleran, estas acciones normalizarían la anarquía en las relaciones internacionales y socavarían fatalmente el orden global”.
Los expertos expresaron su profunda preocupación por las posteriores declaraciones públicas del Presidente de los Estados Unidos, en las que afirmó que Estados Unidos “gobernaría el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa” y que “vamos a sacar una enorme cantidad de riqueza de la tierra”.
Advirtieron que tales declaraciones constituyen un flagrante desprecio por el derecho de los pueblos a la libre determinación y su soberanía asociada sobre los recursos naturales, piedras angulares del derecho internacional de los derechos humanos consagrados en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Estados Unidos es parte desde 1992.
“Los vastos recursos naturales de Venezuela, incluidas las mayores reservas comprobadas de petróleo del mundo, no deben ser explotados cínicamente con pretextos velados para legitimar la agresión militar, la ocupación extranjera o las estrategias de cambio de régimen”, afirmaron los expertos. “La comunidad internacional, incluidos los Estados y las empresas, tiene la responsabilidad fundamental de abstenerse de ser cómplice de cualquier estrategia imperial que viole los derechos humanos y los principios de no intervención y autodeterminación”.
Los expertos señalaron que si bien América Latina lleva las cicatrices históricas de muchas intervenciones coloniales e imperialistas, también encarna una larga tradición de resistencia y luchas de emancipación.
“El futuro de Venezuela debe ser determinado únicamente por el pueblo venezolano, con plena soberanía, mediante el diálogo y la rendición de cuentas, garantizando la participación significativa e igualitaria de las mujeres en todos los procesos de toma de decisiones y adhiriendo plenamente a los principios de gobernanza democrática, respeto a los derechos humanos, independencia judicial y espacio cívico”, declararon. “Esto debe llevarse a cabo sin coerción externa, fuerza militar ni estrangulamiento económico”.
“Instamos a los Estados miembros de las Naciones Unidas a que condenen la agresión de Estados Unidos y actúen con decisión para detener todas las acciones contrarias al derecho internacional”, dijeron los expertos.
“Respetar el derecho internacional es un imperativo para la supervivencia de un orden internacional democrático y equitativo basado en el estado de derecho”, dijeron.
