De acuerdo con la Municipalidad de Jerusalén (israelí), el edificio demolido este lunes se construyó sin permiso de obra y en un terreno destinado a uso no residencial. Testigos indicaron que las fuerzas policiales atacaron a los palestinos para mantenerlos alejados del lugar.

Casi todo los inmuebles estaban ocupados hasta el momento de la demolición, según la oenegé israelí Physicians for Human Rights Israel (PHRI), pues había prevista para este lunes una reunión de la abogada de las familias con representantes de la Municipalidad de Jerusalén de cara a explorar soluciones alternativas a la demolición.

A lo largo de los años, los residentes interpusieron sin éxito múltiples procedimientos legales para evitar la demolición. Paralelamente, intentaron impulsar un proceso infructuoso de planificación para cambiar la designación del terreno y legalizar el edificio retroactivamente.

Solo este año, unas 100 familias de Jerusalén Este han perdido sus hogares, mientras aumenta sin cesar el asentamiento de israelíes en esta zona de la Ciudad Santa, ocupada progresivamente desde 1967 y donde la población palestina va reduciéndose cada vez más.

"La demolición es una tragedia para todos los residentes", declaró Eid Shawar, residente del edificio. "Derribaron la puerta mientras dormíamos y nos dijeron que solo podíamos cambiarnos de ropa y llevarnos la documentación esencial", añadió este padre de cinco hijos. Sin ningún otro lugar adonde ir, Shawar explicó que su familia de siete miembros tendría que dormir en su coche.

Silwan se encuentra al sur de la Ciudad Vieja de Jerusalén en una zona aún de mayoría palestina pero muy codiciada por colonos israelíes, debido a que se sitúa justo debajo del Monte del Templo en una demarcación privilegiada con respecto a los lugares sagrados.

El mes pasado también se produjo el desalojo de tres familias en Silwan en favor de colonos israelíes. Tras la expulsión de las familias palestinas, un grupo de colonos irrumpió en el área y se mudó a las mismas viviendas con la protección de fuerzas policiales israelíes.

Y es que, por otra parte, decenas de familias palestinas afrontan procesos judiciales basados en una ley israelí discriminatoria que otorga a judíos el derecho en exclusiva de reclamar en Jerusalén Este propiedades anteriores a 1948 (la creación del Estado), mientras que niega a los palestinos ese mismo derecho.

Estas políticas violan el Cuarto Convenio de Ginebra (1949) -concretamente su Artículo 49, que establece que una potencia ocupante no puede expulsar a los habitantes de un territorio ocupado ni ejecutar desplazamientos forzosos- y el Estatuo de Roma (1998), que interpreta estas acciones como constitutivas de crímenes de guerra.

La organización de colonos Ateret Cohanim, en coordinación con las autoridades estatales, está interponiendo decenas de demandas para desahuciar a estas familias palestinas y confiscar sus hogares para la expansión de asentamientos ilegales en Jerusalén Este.