Pescadores del Caribe suspenden faena por temor a bombardeos de EE.UU
Deben atravesar zonas de aguas internacionales para acceder a sus bancos de pesca, aumentando su exposición a operativos militares extranjeros
Internacional.- La escalada de acciones militares del Gobierno del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico ha generado alarma entre las comunidades pesqueras de Colombia, especialmente en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuyos habitantes temen ser confundidos con narcotraficantes durante sus faenas tradicionales.
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En diálogo con Radio Nacional de Colombia, Erlid Arroyo, pescador y vocero de la cooperativa I Fish de Providencia, expresó su preocupación por las consecuencias de las operaciones estadounidenses. “Todo el mundo sabe que después del fallo de La Haya nosotros quedamos enclavados en unos puntos y tenemos que, para llegar a nuestras zonas de pesca, transitar por aguas internacionales, entonces podría ser una excusa perfecta para intervenir en nuestras aguas y eso genera alta preocupación en nuestros pescadores”, señaló.
El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, emitido el 19 de noviembre de 2012, reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago y sus cayos —Alburquerque, Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo—, pero redefinió los límites marítimos, lo que redujo el área marítima bajo jurisdicción colombiana. Como resultado, los pescadores deben atravesar zonas de aguas internacionales para acceder a sus bancos de pesca, aumentando su exposición a operativos militares extranjeros.
El Gobierno de Trump ha destruido al menos una veintena de embarcaciones en el Pacífico y el Caribe, cerca de las costas de Venezuela y Colombia, dejando un saldo de más de 80 personas asesinadas hasta el 16 de noviembre, bajo el argumento de combatir el narcotráfico; sin embargo, Washington se ha negado a presentar pruebas de que los barcos atacados transportaban drogas, lo que ha generado fuertes críticas tanto a nivel regional como internacional.
El pasado 16 de noviembre, el Comando Sur de Estados Unidos anunció que llevó a cabo su ataque número 21 contra una nave que, según sus informes, transportaba narcóticos en aguas internacionales del Pacífico oriental.
En un comunicado publicado en la red social X , la entidad militar indicó que tres personas murieron a bordo del bote, el cual habría estado transitando por una ruta comúnmente utilizada para el narcotráfico. El Comando Sur afirmó que la operación se basó en inteligencia que vinculaba al navío con el tráfico de drogas, aunque, al igual que en casos anteriores, no presentó evidencia pública que respalde dicha acusación.
Trump ha afirmado que posee autoridad legal para bombardear barcos en aguas internacionales y ha amenazado con ampliar sus objetivos, incluso en tierra, si decide acudir al Congreso de EE.UU.
Estas acciones ya tienen un impacto directo en la vida de los pescadores. En Providencia, varios han suspendido sus actividades por temor a los bombardeos. Uno de ellos es Ling Jay Robinson, quien desde los 14 años se dedica a la pesca, pero detuvo sus faenas durante mes y medio.
“Sentimos un poco amenazados en el sentido de que están confundiendo a los pescadores con los que en realidad están haciendo narcodelincuencia, entonces por eso hay miedo de asistir a los bancos pesqueros para hacer nuestra actividad”, dijo Robinson, quien pide mayores garantías y apoyo institucional.
En San Andrés, aunque muchos pescadores continúan saliendo al mar, lo hacen con temor, ya que la pesca sigue siendo su principal, y en muchos casos único, sustento económico.
La situación también ha generado reacciones de los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, respectivamente, quienes denunciaron los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha calificado estos actos como violaciones del derecho internacional y ha instado a Estados Unidos a ponerles fin de inmediato.
En tanto, el ministro venezolano de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, denunció que EE.UU. impulsa una operación militar con el objetivo de incriminar falsamente al país en actividades de narcotráfico. “En el fondo, lo que quieren hacer es sembrarle drogas a una embarcación venezolana. A los pescadores del Caribe los están sentenciando a muerte”, afirmó Cabello, quien calificó la narrativa estadounidense de “falsa y manipulada”.
Desde el Congreso estadounidense también han surgido críticas. El congresista demócrata James Andrew Himes, representante por Connecticut, condenó los bombardeos contra embarcaciones civiles en el Caribe, calificándolos de “asesinatos ilegales”.
En su participación en el programa Face The Nation de CBS, Himes cuestionó la falta de transparencia de la administración Trump: “El Congreso está recibiendo muy poca información sobre ello por parte de la administración Trump, salvo un memorando publicado por la Casa Blanca”.
Himes rechazó la justificación del gobierno estadounidense, que alega estar en un “conflicto armado” con narcotraficantes venezolanos: “Estos son asesinatos ilegales, porque la idea de que Estados Unidos y esto es lo que la Administración presenta como justificación, esté involucrado en un conflicto armado con narcotraficantes venezolanos es absurda. No se sostendría ante ningún tribunal”.
La administración Trump ha vinculado sus operativos con supuestas actividades ilícitas del gobierno venezolano, pero Caracas ha rechazado sistemáticamente tales acusaciones, denunciando que el verdadero objetivo es propiciar un cambio de régimen y apoderarse de los recursos naturales del país sudamericano.
Las acciones de EE.UU. en el Caribe han generado una crisis humanitaria incipiente, con pescadores que suspender sus faenas por temor a ser atacados, afectando no solo su seguridad, sino también su sustento diario. La falta de pruebas que respalden las acusaciones de narcotráfico, sumada a la ausencia de supervisión internacional y transparencia, agrava la percepción de arbitrariedad en las operaciones militares.
En este contexto, organizaciones pesqueras, autoridades locales y actores políticos regionales exigen garantías para la protección de los civiles en alta mar, así como una revisión urgente de las políticas de seguridad marítima impulsadas por Washington.
