El principal investigado captaba a mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad e irregularidad administrativa, procedentes de países con altos índices de pobreza, desigualdad y estructuras patriarcales que dificultaban el conocimiento de sus derechos.
Una vez en España, las víctimas quedaban sin recursos y, presuntamente, eran obligadas a aceptar las condiciones impuestas por el explotador.
El hombre imponía normas “abusivas y gravosas”, con jornadas de 24 horas, siete días a la semana, obligándolas a realizar servicios sexuales de riesgo, restringiendo su libertad de movimientos y exigiendo la entrega de la mayor parte de los beneficios obtenidos.
La Policía señala además que las mujeres fueron forzadas en varias ocasiones a mantener relaciones sexuales con el presunto proxeneta.
La operación concluyó con la detención de ambos investigados, la entrada y registro en el piso, donde los agentes liberaron a cuatro mujeres, consideradas las víctimas más recientes. Los investigadores estiman que el número de afectadas podría ser mayor.
Tras la detención, el juez decretó el ingreso en prisión de ambos y ordenó la clausura temporal del inmueble, que llevaba años operando como prostíbulo.
