México anuncia cuál es su prioridad frente a los operativos antinarco de EE.UU.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum citó al Embajador de los EE.UU. en el país latinoamericano, Ronald Johnson
Internacional.- El embajador de EE.UU. en México, Ronald Johnson, fue citado a la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores de ese país para exponer detalles del controvertido operativo contra el narcotráfico que dejó un sobreviviente en aguas internacionales.
El martes por la noche, el gobierno mexicano detalló que el encuentro con el diplomático había sido presidido por el canciller Juan Ramón de la Fuente y el Secretario de Marina Almirante, Raymundo Pedro Morales Ángeles, por órdenes de la mandataria Claudia Sheinbaum, para "fortalecer la cooperación bilateral" en materia marítima.
"En un ambiente de cordialidad, las partes coincidieron en que la principal prioridad es la salvaguarda de la vida humana en el mar, así como el respeto pleno a la soberanía nacional, reafirmando el compromiso con el entendimiento y la cooperación que históricamente han caracterizado la relación entre ambas naciones", reza el texto oficial.
La víspera, la Armada de México encabezó una operación de "búsqueda y rescate marítimo" de un náufrago, tras una solicitud de la Guardia Costera de EE.UU., luego de que el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, informara de "tres ataques letales" contra cuatro embarcaciones que "traficaban con narcóticos en el Pacífico Oriental".
Según el parte estadounidense, la operación habría dejado 14 "narcoterroristas" muertos y un sobreviviente. "Las autoridades mexicanas de búsqueda y rescate aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate", precisó el secretario en un mensaje.
El martes por la noche, las autoridades mexicanas "reiteraron" ante EE.UU. su compromiso de "actuar con profesionalismo, diálogo y cooperación institucional", para que el país latinoamericano "mantenga un papel constructivo, colaborativo y sólido en la seguridad marítima compartida".
Bombardeos letales
Este tipo de operativos letales se han vuelto frecuentes desde el inédito despliegue de Washington frente a las costas de Venezuela, anunciado en agosto, que ha sido calificado por Caracas como una "amenaza" a su seguridad. Organizaciones de derechos humanos han cuestionado la desproporción de los ataques, ya que constituirían ejecuciones sumarias y masacres que vulneran el derecho internacional.
En septiembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró que su país era víctima de "una guerra multiforme" orquestada desde EE.UU., cuyo principal objetivo sería "imponer un cambio de régimen" y un gobierno "títere", a fin de "robarle el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales".
En sus declaraciones públicas, el presidente también ha acusado a Washington de inventar "una nueva guerra eterna". "El 94 % del pueblo de Venezuela está en contra de la amenaza militar de EE.UU., está en contra de quienes llaman a invasión", sostuvo.
Este lunes, Maduro informó sobre la desarticulación de una operación de falsa bandera que, según testimonios de personas capturadas por Caracas, habría sido planeada por la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA) para ser realizada en aguas de Trinidad y Tobago, en procura de ofrecerle a Washington un pretexto para atacar militarmente a la nación bolivariana.
Entretanto, no está del todo claro cuántas personas han sido ultimadas en los bombardeos estadounidenses contra las pequeñas embarcaciones, tildadas de "narcolanchas", en aguas caribeñas y del Pacífico, pero según balances de la prensa, las víctimas letales ya ascienden a más de 50.
La semana pasada, en uno de los ataques reportados por EE.UU. y en el que murieron dos personas, hubo dos sobrevivientes: uno de nacionalidad colombiana y otro ecuatoriano, acusados de transportar drogas y repatriados a sus países de origen; uno de ellos fue liberado por la Fiscalía, al concluir que no había pruebas de que hubiese perpetrado un delito.