Este traslado a Chicago contrasta con la decisión judicial de este fin de semana en Portland, la ciudad más poblada de Oregon. Allí, la jueza de distrito, Karin Immergut, dictó una orden de restricción temporal que impide al presidente desplegar la Guardia Nacional. La magistrada argumentó que las autoridades de Oregon y la ciudad "probablemente ganarán su demanda" porque el presidente se habría excedido en su autoridad constitucional.
La jueza Immergut, una designada por el propio Trump, advirtió que el mandatario parecía haber "federalizado" la Guardia Nacional de Oregon "sin autoridad constitucional", determinando además que las protestas en Portland "no suponían un peligro de rebelión". La decisión judicial creo un panorama legal volátil, desafiando directamente la potestad del Ejecutivo para emplear tropas en ciudades que se oponen a sus políticas.
Mientras tanto, en Chicago, la tensión alcanzó niveles críticos en el escenario de crecientes protestas anti-redadas migratorias. Agentes federales se vieron obligados a abrir fuego contra una mujer presuntamente armada poco después de que esta embistiera un vehículo policial. Este incidente fue usado por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, para justificar la intensificación de la respuesta federal.
Noem anunció el envío de más agentes de operaciones especiales a la ciudad, afirmando que miembros de las fuerzas del orden fueron "atacados, embestidos y acorralados por diez vehículos". En una serie de otros eventos caóticos, agentes federales dispararon irritantes químicos contra más de un centenar de manifestantes en Brighton Park, un barrio del suroeste de Chicago, y el FBI prometió «continuar presentando cargos» contra los manifestantes.
