El Tribunal Superior Militar, con sede en Kinsasa, donde Kabila, de 54 años de edad, ha sido juzgado "in absentia" desde el pasado 25 de julio, lo describió como "líder" de la coalición Alianza Río Congo (AFC, por sus siglas en francés), considerada el brazo político del M23, según medios locales.
El auditor general de las Fuerzas Armadas (una especie de fiscal), general Lucien René Likulia, pidió en agosto la pena capital para Kabila, al considerarlo el autor intelectual de la violencia perpetrada por el M23, que cuenta con el respaldo de la vecina Ruanda, según han confirmado las Naciones Unidas y varios países.
Kabila fue condenado sin circunstancias atenuantes por traición, participación en un movimiento insurreccional, crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, asesinato, violación, conspiración y apología de crímenes de guerra.
"En aplicación del artículo 7 del Código Penal Militar, (el tribunal) dicta una única pena, la más severa: la pena de muerte", señaló el tribunal en la sentencia.
Las partes civiles de la acusación, incluidas varias provincias orientales afectadas por la violencia del M23, habían pedido sustituir el cargo de traición por el de espionaje, además de solicitar cadena perpetua y una multa de 30 mil millones de dólares contra el exmandatario.
Finalmente, la Justicia congoleña impuso a Kabila el pago de 33 mil millones de dólares en concepto de daños y perjuicios: 29 mil millones para el Estado congoleño y 2 mil millones para cada una de las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, en el este del país, afectadas por la ofensiva del M23.
