El magistrado Ricardo Martínez, del Distrito Oeste de Washington en Seattle, bloqueó una directiva del Departamento de Salud y Servicios Humanos emitida en julio pasado que buscaba excluir a las familias de participar en varios programas debido a su estatus migratorio.
El HHS había reinterpretado la definición de “beneficio público federal” en una política de 1996, conocida como PRWORA, que permite a los inmigrantes indocumentados acceso a ciertos beneficios federales de salud.
En concreto, el Gobierno Trump prohibió a indocumentados acceder a muchos beneficios estatales y locales como Head Start, un programa preescolar dirigido a niños menores de cinco años financiado con recursos federales.
“Hoy el tribunal fue claro: el HHS no tiene la autoridad para imponer una restricción basada en la inmigración a las familias de Head Start”, dijo en un comunicado Jennesa Calvo-Friedman, abogada del Proyecto de Derechos de la Mujer de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que representa a los demandantes.
La abogada recalcó que ningún niño ni ninguna familia debería tener miedo de acceder a servicios esenciales de aprendizaje temprano como Head Start.
El fallo del juez Martínez se da después de que una coalición de 21 estados ganara una demanda para detener la implementación de la nueva política del HHS.
