Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar un asunto delicado, añadieron que los militares atacaron repetidamente el barco antes de que se hundiera.
Las revelaciones añaden nuevos detalles a una operación que supuso una sorprendente desviación de los esfuerzos tradicionales de interceptación de drogas, intensificando el uso del ejército por parte del presidente Donald Trump para asuntos de los que normalmente se encargan las fuerzas del orden. Especialistas jurídicos han cuestionado que fuera legal que el ejército, por orden del presidente Trump, atacara y matara a sospechosos de narcotráfico como si fueran combatientes en una guerra.
Trump anunció el ataque la semana pasada, diciendo que tuvo lugar en aguas internacionales y que había matado a 11 personas que, según dijo, transportaban drogas “con destino a Estados Unidos” y formaban parte de una banda venezolana, el Tren de Aragua. No ha presentado pruebas que respalden esas afirmaciones, pero ha dicho que “tenemos grabaciones de ellos hablando”.
Aunque la Casa Blanca no ha proporcionado una justificación jurídica detallada, ha presentado los esbozos de un novedoso argumento según el cual el uso de la fuerza militar letal estaba permitido en virtud de las leyes de los conflictos armados para defender al país de las drogas porque 100 mil estadounidenses mueren anualmente por sobredosis. El secretario de Estado Marco Rubio dijo que las personas sospechosas de contrabandear drogas hacia Estados Unidos representan “una amenaza inmediata”. Trump, en una carta al Congreso, justificó el ataque como una cuestión de defensa propia.
Muchos especialistas jurídicos, entre ellos altos juristas militares retirados, han rechazado la idea de que Trump tenga autoridad legítima para tratar el presunto contrabando de drogas como legalmente equivalente a un ataque armado inminente contra Estados Unidos. Incluso si se aceptara esa premisa en aras del argumento, añadieron, si el barco ya se había dado la vuelta, eso socavaría aún más lo que consideraban una alegación de defensa propia ya de por sí débil.
“Si alguien se está retirando, ¿dónde está entonces la ‘amenaza inminente’?”, dijo el contralmirante Donald Guter, quien fue el principal juez abogado general de la Marina de 2000 a 2002. “¿Dónde está la ‘defensa propia’? Han desaparecido, si es que alguna vez existieron, que no creo que existieran”.
El contralmirante James McPherson, principal juez abogado general de la Marina de 2004 a 2006, quien posteriormente ocupó varios cargos civiles destacados en el primer gobierno de Trump, como el de abogado general del Ejército, se mostró de acuerdo.
“Me interesaría saber si podrían presentar alguna base legal para lo que hicieron”, dijo, y añadió: “Si, de hecho, se puede elaborar un argumento legal que diga que estas personas se estaban preparando para atacar a EE. UU. mediante el ingreso de cocaína o lo que sea, si se dieron la vuelta, entonces esa amenaza ha desaparecido”.
La Casa Blanca no abordó directamente las preguntas sobre las maniobras del barco o la naturaleza del ataque, sino que repitió la postura del gobierno. Trump “actuó de acuerdo con las leyes de los conflictos armados para proteger a nuestro país” de los “malvados narcoterroristas que intentan envenenar nuestra patria”, dijo Anna Kelly, vocera de la Casa Blanca.
Sean Parnell, el principal vocero del Pentágono, dijo: “Este ataque envió un mensaje claro: si traficas con drogas hacia nuestras costas, el ejército de Estados Unidos utilizará todas las herramientas a nuestro alcance para detenerte en seco”.
Ni Trump ni la Casa Blanca se han referido en ningún momento a estas maniobras de última hora de la embarcación derribada. Según Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca citada por el diario, el ataque ordenado por el presidente Trump se llevó a cabo "de acuerdo a las leyes de un conflicto armado" en protección del país
