Dichos registros, efectuados por las autoridades, incluyeron los domicilios de los 11 responsables de la organización, así como los locales donde se explotaba sexualmente a las víctimas, donde se incautaron 141 mil euros y tres vehículos. Asimismo, procedieron al bloqueo de bienes y cuentas bancarias de los presuntos implicados.
La organización se dedicaba a captar mujeres de origen sudamericano en situación de vulnerabilidad, sin permiso de residencia ni de trabajo, a quienes se obligaba a ejercer la prostitución en distintos puntos del territorio nacional. A raíz de la declaración de tres víctimas, que denunciaron haber sido explotadas sexualmente por varias personas y en varias provincias españolas, los agentes detectaron el entramado criminal que operaba principalmente en la Comunidad Valenciana, pero que se estaba expandiendo a otras provincias como Málaga, Barcelona y Tarragona.
Para desarrollar su actividad, la organización adquiría o alquilaba inmuebles de uso residencial o comercial por vías legales, con el fin de aparentar legitimidad. Estos locales eran camuflados como centros de masajes, muchos de los cuales permanecían cerrados al público, con mala ventilación y que presentaban condiciones insalubres.
Disponibles permanentemente
Las víctimas solo podían salir del inmueble durante dos horas al día, siempre en horario de mañana, y debían permanecer disponibles de forma permanente. Dormían hacinadas en literas o incluso en las mismas camas donde atendían a los clientes.
Los principales investigados controlaban en tiempo real tanto los locales como a las víctimas, mediante un sistema de videovigilancia instalado en el interior de todos los inmuebles destinados a la prostitución. La mitad del dinero obtenido en cada servicio era para la organización, mientras que la otra mitad se destinaba a las mujeres. Sin embargo, estas podían ser sancionadas por sus captores por diversos motivos.
Investigación de blanqueo
En paralelo a la investigación policial, el Área Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Valencia inició una investigación patrimonial de la organización criminal y de su posible implicación en el blanqueo de capitales. Este trabajo permitió identificar a los acusados que controlaban las sociedades utilizadas como pantalla para canalizar los beneficios obtenidos de la actividad criminal.
Esta investigación patrimonial permanece abierta y se está analizando la información bancaria y el resto de datos obtenidos en los registros domiciliarios, donde se hallaron las libretas y ordenadores donde se llevaba a cabo la contabilidad de cada local de explotación. También ha resultado de gran importancia la localización y bloqueo de bienes muebles e inmuebles (además de las más de 60 cuentas bancarias detectadas) de los presuntos responsables. Todos estos han sido intervenidos con el objetivo de garantizar el eventual decomiso de esos bienes.
