Una investigación conjunta de medios internacionales reveló nuevas evidencias que cuestionan esta versión oficial
Internacional.- El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska mantiene su versión sobre lo ocurrido el 24 de junio en la frontera de Melilla, en la que murieron, al menos, 23 migrantes y refugiados.
En su segunda comparecencia en el Congreso sobre aquel suceso, reiteró una vez más que “ningún hecho trágico” tuvo lugar en territorio español, a pesar de que una investigación conjunta de los medios El País, Lighthouse Reports, Le Monde, Der Spiegel y Enass (marroquí), revelaron nuevas evidencias que cuestionan esta versión oficial el 29 de noviembre.
Un testigo y los comentarios grabados a los guardias marroquíes que sacaban a rastras cuerpos del lado español del puesto fronterizo apuntan a que, al menos, una persona sí falleció en la zona bajo control español del recinto, reseña El País.
Marlaska dijo que “los hechos se produjeron fundamentalmente en territorio marroquí”. Y los llama como los “sucesos de Nador”, en referencia a la ciudad fronteriza marroquí, y no de Melilla. E hizo énfasis en la “violencia” con la que actuaron los migrantes.
En su réplica de este 30 de noviembre publicada en El País de España, dijo que “según nuestra información, según nuestro conocimiento, no hubo fallecidos en territorio español”. Todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox y el PSOE, le han pedido más explicaciones.
En su intervención, el ministro hizo una somera cronología de lo ocurrido entre las 5:00 am del 24 de junio, cuando las fuerzas de seguridad marroquíes alertaron a la Guardia Civil de que se aproximaba al vallado un grupo muy numeroso de migrantes desde el cercano monte del Gurugú, hasta que, pasadas las 9:00 am, se controló la situación a un lado y otro de la frontera.
Agregó que el grupo, de “unas mil 700 personas”, actuó “de forma organizada” y con violencia, que incluyó el uso de “objetos ofensivos” como palos, piedras, mazas, hachas y radiales para forzar las puertas de acceso al recinto fronterizo de Barrio Chino. En este sentido, el ministro ha recordado que 55 guardias civiles resultaron heridos, uno de ellos con fractura de mandíbula.
Guardia Civil inhumana
Marlaska defiende la actuación de la Guardia Civil calificada de “absolutamente rigurosa, templada y profesional”. Fue esta forma de proceder y la decisión de los agentes de “mediar” la que, en su opinión, “consiguió poco a poco rebajar la agresividad de los asaltantes”.
Marlaska evitó cualquier crítica al proceder de las fuerzas de seguridad marroquíes, a las que en las imágenes difundidas se ve aporrear a personas en el patio del puesto fronterizo instantes después de la avalancha mortal, actuar con brutalidad en España para llevarse a la fuerza a aquellos que lograron entrar en Melilla y golpear después a personas heridas en el suelo.
Sobre la devolución en caliente de 470 personas que consiguieron cruzar el vallado —devoluciones que, según el Defensor del Pueblo, se realizaron sin que conste ningún procedimiento legal—, el ministro insistió en que se practicaron “respetando la normativa internacional de derechos humanos así como de protección internacional”.
Marlaska asegura que se confirmó “la inexistencia de personas especialmente vulnerables en el grupo”, es decir, que hubo un cumplimiento pleno de la legalidad. Uno de los hallazgos de la investigación de El País y Lighthouse Reports es, sin embargo, que entre esas casi 500 personas había al menos un menor, un perfil cuya expulsión sumaria prohíbe expresamente la ley internacional y española.
Sobre el derecho al asilo, Grande-Marlaska señala que la ley establece lugares para pedir protección internacional y que “el intento de superar una infraestructura fronteriza no constituye un punto habilitado para pedir protección internacional”.
Esto es importante porque el Tribunal Constitucional exige garantías para que puedan realizarse los rechazos en frontera. Entre ellas, que el país disponga de un acceso real y efectivo a los procedimientos legales de entrada, para que todas las personas que se enfrenten a una persecución, con riesgo para su vida, y alcancen las fronteras puedan presentar una solicitud de protección internacional.
La afirmación de Grande-Marlaska tiene trampa. Los puestos que la ley reconoce como habilitados para pedir asilo, incluidos los puestos fronterizos, son todos ellos espacios ya en territorio español o para los que se requiere una autorización que permita el acceso a ellos.
Son, por tanto, inaccesibles para quien, sin permiso de entrada en España, busca refugio desde otro país. Solo las embajadas y consulados serían una opción para quien quiere entrar regularmente en España y pedir protección. Pero la ley de asilo, de 2009, aún no tiene un reglamento que la desarrolle y, en la práctica, y salvo contadas excepciones, las misiones diplomáticas no hacen estos trámites.
El martes, de hecho, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, concluyó tras una visita a Melilla que no existe “un acceso real y efectivo al asilo en la frontera”. Mijatovic declaró: “En la práctica, parece que no hay otra forma de entrar en Melilla y buscar protección ante las autoridades pertinentes que no sea nadando o saltando la valla”.
Respecto a la cuestión de si el lugar donde se produjeron los hechos es territorio español o marroquí, Marlaska reveló que “los límites entre los países están meridianamente claros desde hace más de 30 años. Así lo ratifica la actuación de los gobiernos de España y de Marruecos”, ha añadido sin más concreción. Interpelado repetidas veces para que determine cuáles son esos límites, el ministro no ha respondido.
El ministro del Interior ha sido especialmente crítico con la actitud del PP, al que ha acusado de “una grave irresponsabilidad” por, en su opinión, haber sembrado “dudas sobre la actuación de la Guardia Civil”.
Marlaska también ha cargado contra los populares por asegurar que los agentes sufrieron una falta de medios para hacer frente a un salto de aquella magnitud.
