De esta manera, el presidente da un golpe definitivo a la política de "paz total" de su antecesor Gustavo Petro, mediante la cual se encaminaba a superar el conflicto armado colombiano a través de negociaciones y sometimientos a la justicia.
"Se acabó la falsa paz. En apenas un mes de gobierno cumplimos nuestra palabra: dimos por terminados todos los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos heredados del Gobierno anterior con estructuras criminales y terroristas", publicó De la Espriella en su cuenta en X.
El gobernante justificó la medida, señalando, entre otras cosas, que durante cuatro años se gastaron más de 7.000 millones de pesos (2,2 millones de dólares actuales) en "honorarios de voceros, representantes y negociadores", mientras las organizaciones con las que se dialogaba "se fortalecían, desafiaban al Estado y seguían golpeando a los colombianos" y a la fuerza pública.
Además del ELN, la Administración de De la Espriella también revocó la designación de negociadores con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como el Clan del Golfo, recoge El Heraldo.
Previo a la medida anunciada este viernes, De la Espriella ya había cerrado tres mesas de diálogo de la política de "paz total". El mandatario firmó nueve resoluciones con las que dio por terminados los procesos con las disidencias de las extintas FARC, comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias "Calarcá", la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
En su investidura –y al margen de todas las críticas–, De la Espriella anunció que su política de seguridad emularía la controvertida política de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010): confrontar por la vía militar a guerrillas y otros grupos, a los que vinculó en toda su extensión con el narcotráfico y el terrorismo.
