El funcionario colombiano aseguró que la medida no incluye a quienes ingresaron durante los años más álgidos de la crisis migratoria y que actualmente cuentan con un estatus legal o régimen de protección especial en el territorio nacional.
“A los hermanos venezolanos que llegaron en lo más duro de la crisis, particularmente en los años 2019, 2020 y 2021, que fueron casi 2 millones de hermanos venezolanos que entraron a nuestro país y en el 90 y tanto por ciento fueron perfectamente regularizados (…), el presidente no se refiere a ellos”, sentenció Lara.
El ministro detalló el proceso de integración de esta comunidad, explicando que recibieron “básicamente un trato de hermandad” y un marco jurídico que les permite “acceder a los servicios públicos y acceder a los servicios sociales del Estado como cualquier colombiano”.
Asimismo, recordó que muchos de ellos ya se han asimilado por completo debido a los lazos culturales comunes, afirmando que “somos prácticamente el mismo pueblo”.
Enfoque contra el crimen organizado
De acuerdo a Lara, el verdadero objetivo del anuncio del presidente colombiano son los grupos delictivos dedicados al tráfico de personas en las zonas fronterizas.
La estrategia estatal busca desmantelar las estructuras financieras y operativas de las mafias internacionales. “Se refiere a las redes criminales, a los que se están lucrando, particularmente con el paso de migrantes ilegales en el Darién, ¿quiénes son esos?, las organizaciones como el Clan del Golfo”, agregó el funcionario.
Con esta declaración, el Gobierno Nacional busca garantizar la tranquilidad a los cerca de dos millones de ciudadanos venezolanos asentados legalmente en Colombia, desvinculándolos de los operativos de control migratorio estricto que se ejecutarán en los puntos críticos de tránsito irregular.
