La administración del presidente Donald Trump, el año pasado, deportó a más de 230 venezolanos, quienes se encontraban bajo custodia de inmigración estadounidense, donde fueron detenidos durante cuatro meses en una prisión de máxima seguridad para terroristas y torturados, luego fueron transportado deliberadamente a los hombres a El Salvador, a pesar de que un juez federal ordenó el regreso de los vuelos.
Demanda presentada
El pasado 17 de julio, la demanda fue presentada por un equipo de abogados de derechos humanos y se trata de exigir responsabilidades a contratistas privados por su papel en los presuntos abusos derivados de la agresiva represión antiinmigrante del gobierno estadounidense.
Según la demanda, CSI y GlobalX "hicieron todo lo posible para llevar a cabo los vuelos de extradición a El Salvador, en colaboración con el gobierno estadounidense, en flagrante violación de la legislación estadounidense e internacional".
De acuerdo a la demanda, "ni los demandantes ni la clase habrían sido indemnizados por CECOT".
Empresas privadas implicadas
Durante una entrevista a The Guardian, Anthony Enriquez, vicepresidente de defensa y litigios del Centro Kennedy de Derechos Humanos, dijo que "Es posible que muchas personas desconozcan hasta qué punto las empresas privadas están implicadas en las violaciones de derechos humanos que se producen bajo la administración Trump a través de los esquemas de detención y deportación ilegal que se están llevando a cabo".
CSI y GlobalX, contratadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), han "obtenido beneficios económicos sin precedentes gracias a este plan", mientras que los venezolanos "siguen sufriendo un grave sufrimiento emocional a causa de la humillación, el terror y la crueldad que padecieron", según afirma la demanda.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió a las alegaciones específicas de la demanda y remitió todas las preguntas al gobierno salvadoreño. CSI y GlobalX no respondieron a la solicitud detallada de comentarios antes de la publicación.
Según la demanda, CSI ha ayudado a gestionar "casi todos" los vuelos de deportación mediante un contrato multimillonario con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la principal agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) encargada de las deportaciones. La demanda añade que CSI es el principal beneficiario de los contratos de ICE, con ingresos totales de ICE en 2025 que ascendieron a 1230 millones de dólares.
La demanda especificó que en los tres vuelos a El Salvador, CSI subcontrató a GlobalX, actuando CSI como "intermediario" entre ICE y GlobalX.
