En los documentos judiciales se asegura que Zapatero –quien deberá comparecer ante la Justicia el próximo 2 de junio– y su esposa, Sonsoles Espinosa, recibieron "abonos" por 490.780 euros en una cuenta compartida procedentes de Análisis Relevante, una compañía propiedad de Julio Martínez Martínez, amigo del exmandatario y coacusado en la causa.
Según Calama, el resto de las transferencias de esa cuenta "procederían del pago de facturas por la prestación de servicios derivados de su actividad actual", que incluye labores de mediación, conferencias internacionales, docencia y asesoramiento estratégico en geopolítica.
Alegatos
La sospecha de que el expresidente y su entorno fueron "los beneficiarios finales de la operativa", se asienta en la detección de "transferencias relevantes a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos", lo cual abonaría a la tesis de que los fondos obtenidos se usaron con fines personales.
Así, la acusación sostiene que la investigación evidenció la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".
De su parte, Zapatero negó los señalamientos. "Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública en relación con el rescate de Plus Ultra", dijo, y anunció que colaborará con las autoridades, pues toda su actividad, tanto pública como privada, se ha desarrollado en apego a la ley.
