En 1927, el Congreso prohibió al USPS enviar armas ocultables, salvo de distribuidores con licencia, para frenar el crimen. En enero, el Departamento de Justicia reabrió el debate, calificó la ley de inconstitucional y afirmó que viola la Segunda Enmienda, alegando que, si el Congreso opera paquetería, "la Segunda Enmienda" impide rechazar envíos de "ciudadanos respetuosos de la ley", aunque no sean fabricantes ni distribuidores con licencia.
