Gamarra, quien preside la Subcomisión de Industrias Básicas y Mineras, detalló que la normativa ratifica la soberanía nacional al establecer, en su artículo 3, que el Estado venezolano mantiene la propiedad absoluta de los yacimientos.
Igualmente, expuso que la ley prohíbe cualquier transferencia de las minas a sectores privados y protege los recursos estratégicos de la Nación, para que su explotación se traduzca en beneficios directos para los trabajadores y comunidades.
El parlamentario precisó que el Estado venezolano es el propietario de los yacimientos e indicó que "estos no pueden ser transferidos a ninguna entidad privada, manteniendo así una garantía de soberanía sobre las riquezas del subsuelo”, acotó.
Explicó que la seguridad jurídica, establecida en la ley, permitirá multiplicar las inversiones en el sector, siguiendo el modelo de crecimiento que se observa en otras áreas estratégicas del país.
Al respecto refirió “las inversiones se van a multiplicar en Venezuela de forma similar a la ampliación de capitales extranjeros que vive actualmente la industria petrolera nacional”.
Gamarra sostuvo que es necesaria y oportuna esta norma para avanzar hacia una economía diversificada. "La meta principal radica en romper con el modelo rentista tradicional, para no depender exclusivamente de los ingresos petroleros".
Aseveró que la consolidación de esta política minera garantiza la obtención de recursos, lo cual permitirá al Estado fortalecer la inversión social en áreas prioritarias.
"Una mayor producción nacional permitirá al Gobierno Bolivariano robustecer los servicios de salud y educación, además de profundizar la justicia social en beneficio del pueblo soberano”, culminó.
