La medida forma parte de un proceso de "vigilancia continua" que abarca desde estancias vencidas hasta delitos, amenazas a la seguridad pública o vínculos con organizaciones terroristas.
De acuerdo con la dependencia, si se detectan violaciones migratorias, el visado será cancelado y, en caso de que el titular se encuentre dentro del país, quedará expuesto a un proceso de expulsión.