En concreto, Bruselas cree que la empresa está incumpliendo la normativa comunitaria que le obliga a evitar la difusión de publicidad engañosa, así como las posibles campañas de desinformación, y le preocupa, porque ello «puede presentar riesgos» de cara a los procesos electorales y los derechos fundamentales, así como para la protección del consumidor», según explicó la Comisión en un comunicado.
También le inquietan los planes de Meta de prescindir de CrowdTangle – una herramienta de información pública que permite a investigadores, periodistas y a la sociedad civil en su conjunto llevar a cabo un seguimiento electoral – sin haberla remplazado por otra adecuada.
Además, cree que las herramientas que Facebook e Instagram dan a los usuarios para que avisen de la presencia de contenido ilegal incumplen con los requisitos que establece la ley de servicios digitales, la norma con la que la Unión Europea obliga a las grandes plataformas a combatir el contenido ilegal en internet.
«No interesa a nadie que Meta gane dinero con publicidad explotada por actores rusos que manipulan. No hay solo una obligación legal de la ley de servicios digitales y un compromiso político, sino que está mal que ganen dinero con esto», dijo una fuente comunitaria.
La fuente aseguró que en las conversaciones que la Comisión ha mantenido con Meta desde septiembre del año pasado, la empresa ha mostrado un «compromiso constructivo» para abordar las preocupaciones del Ejecutivo comunitario.
La apertura de esta investigación permite a la Comisión adoptar toda una serie de medidas, entre las que podría aplicar una multa de hasta el 6% de la facturación global de Meta.