Por su parte, Harris insistió en que el Gobierno estadounidense quiere que las medidas que adopte Washington “sirvan como modelo para la acción internacional”.
“Al entender que la IA desarrollada en un país puede impactar las vidas y el sustento de miles de millones de personas en todo el mundo, creemos que una tecnología con un impacto global exige una acción global”, declaró la vicepresidenta estadounidense.
La orden ejecutiva obliga a las empresas que desarrollen cualquier sistema que pueda suponer un riesgo grave para la seguridad nacional, la seguridad económica nacional o la salud públicas a notificar a la administración cuando vayan a poner a prueba ese modelo.
Por su parte, los Departamentos de Energía e Interior vigilarán las posibles amenazas de sistemas de IA sobre infraestructuras críticas y los riesgos que pueda suponer en los campos químico, biológico, radiológico, nuclear o de ciberseguridad.
Al mismo tiempo, la orden ejecutiva tratará de evitar el fraude y el engaño mediante el uso de la IA, en este caso obligando al etiquetado con claridad del contenido generado por la inteligencia artificial.
También incorpora cláusulas para proteger la privacidad, mejorar los derechos civiles, resguardar los consumidores, apoyar a los trabajadores y promover la innovación, entre otras.
