Carabobo.- Valencia, 18 de agosto.- Desde hace algunas semanas se han incrementado las acciones de calle a nivel nacional por parte de diferentes  gremios, para protestar en contra de lo que consideran “violación a los derechos laborales adquiridos en las contrataciones colectivas”.
Los trabajadores han indicado en diversas oportunidades su rechazo al memorando 2.792 y al instructivo Onapre, porque éstos “han afectado sus beneficios socioeconómicos”.

En Carabobo no ha sido la excepción, las protestas no han cesado. Sectores gremiales de los 14 municipios han mostrado su postura y reiterado que seguirán en las calles hasta que sea restituido lo que les corresponde por ley.

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En ese sentido, Judermi García, secretaria general del Sindicato Único de la Gobernación de Carabobo; José Francisco Jiménez, secretario general de la Asociación de Empleados de la Universidad de Carabobo; Luis Guillermo Padrón, presidente de la junta directiva transitoria del Sindicato de Maestros de Carabobo (Sindemaca);  Julio García, presidente del Colegio de Enfermeros de Carabobo; y Carlos Silva, miembro del Comando Intersindical Carabobo, estuvieron presentes en la mesa del Desayuno en la Redacción para ahondar sobre este tema.

UNA LUCHA HISTÓRICA

Judermi García señaló que la lucha por derechos laborales es algo histórico, pero se ha recrudecido a raíz de que los han incorporado a todos “en una violación de derechos sistemáticos” con la aplicación en 2018 del memorando 2.792 y del instructivo Onapre en 2022.

Mencionó que los afectados no solo han sido los trabajadores del sector público, sino también los del privado.

“Eso nos ha unificado a todos estos sectores que hemos estado presentes en la lucha para alzar la voz ante esta situación que nos ha generado el Estado en perjuicio y detrimento de la calidad de vida de los trabajadores”, dijo.

A juicio de García, estas medidas tomadas por el Gobierno son ilegales y no obedecen lo establecido en los acuerdos internacionales, como el convenio sobre la consulta tripartita o convenio 144,  que manifiesta que ese tipo de situaciones se debe dirimir con las organizaciones sindicales, diferentes gremios y empresarios.

“Ellos asumieron una reducción salarial y de beneficios a costa de los beneficios laborales”, manifestó.
Agregó que el sector que representa se dirigió a la Onapre, donde entregaron un oficio sobre las diferencias presupuestarias que se han generado desde que se denominó el memorando 2.792.

“Pero como era una decisión política y no estaba incorporada ninguna gaceta, no era una decisión legal; no teníamos cómo atacarla. Sin embargo, hubo compañeros de las Gobernaciones de Anzoátegui y de Nueva Esparta que introdujeron un recurso solicitando la derogación, y la respuesta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fue que no tenían competencia y que tenían que ir a los tribunales de su estado”.

Enfatizó que ese sector no ha avanzado, a diferencia de los gremios de salud y de educación que han venido firmando actas acuerdo que les permitían tener algunos beneficios.

“Que no es el caso nuestro; a nosotros nos dejaron de cumplir todos los beneficios que teníamos en la convención colectiva, hasta el tabulador salarial”.

“TODOS LOS SECTORES ESTÁN EN UNA LÍNEA HORIZONTAL”

Por su parte, José Francisco Jiménez expresó que el instructivo Onapre afecta a más de 500 mil familias del sector universitario.
“Sin duda, esto viola todo lo establecido en la Constitución, en nuestras convenciones colectivas  que las omite; es decir, los beneficios socioeconómicos, monetarios como primas de responsabilidades, actividad universitaria, profesionalización, familiares, ayudas económicas (...) y también las no monetarias”.
Aseveró que ahora todos los sectores del país están en una línea horizontal y se les han cortado más del 60% de los beneficios.

“Lo que pasa ahí es que hacen una sola escala salarial, un solo beneficio, ya que los agarran, los compactan y se lo ponen a todo el mundo igual, y eso en el país ha representado una merma en los sueldos de más del 60 o 70%”.

Luis Guillermo Padrón, presidente de Sindemaca, relató que el sector educativo es uno de los que más se han pronunciado ante esta situación, a pesar de que estaba en una discusión de contrato colectivo.

Vale destacar que recientemente el Ejecutivo anunció el pago del 100% del bono vacacional a este sector. Al respecto, Padrón señaló que mientras no exista una “economía sana”, ese beneficio no será suficiente para que los trabajadores disfruten sus vacaciones “como se hacía en el pasado”.
Destacó que para el sector queda pendiente la cancelación del 280% del contrato anterior que sigue vigente, los HCM, servicios funerarios y cláusulas de juguetes, entre otras.

“QUEREMOS QUE NOS RECONOZCAN”

Referente al pago vacacional del sector educativo, Julio García destacó que el mismo “es un logro de los trabajadores”, porque el Gobierno cedió a la base de la organización social y demostró que sí se contaba con los recursos. Sin embargo, “aún queda mucho por reconocer”.
“Una de las cosas que queremos es que se reconozcan los actores sociales, en este caso gremios y sindicatos, partiendo de la base de su representación y representatividad, porque ése es uno de los problemas del sistema laboral en estos momentos, que el Gobierno decide con quién se va a sentar y desconoce al resto”.

En cuanto al sector salud, enfatizó que aún quedan muchas deudas pendientes.
“Aquí se saca a la gente y no se le pagan prestaciones sociales; no saben que les pagan porque no hay recibos, no les han pagado el bono completo de los 1.300 bolívares; a nuestros jubilados no les han pagado completo el bono recreacional. El mensaje a la gente es organizarnos para reclamarlas”.

Por su parte, Carlos Silva resaltó que esta lucha no acaba con un bono restituido ni con la derogación del instructivo Onapre, “porque siguen los orígenes del conflicto,  el problema de las prestaciones sociales y beneficios socioeconómicos”.

Resaltó que las acciones de calle no cesarán; por el contrario, seguirán porque en septiembre una delegación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) visitará el país.

PIDEN DEROGACIÓN  DEL INSTRUCTIVO ONAPRE

Recientemente el presidente Nicolás Maduro designó a través de la Gaceta Oficial N° 42.439, de fecha 12 de agosto de 2022, a Jennifer Quintero de Barrios como nueva jefa de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), cambio de autoridad que los representantes gremiales que visitaron esta Casa Editorial consideran que no es la solución.

“El cambio de director no representa para nosotros absolutamente ningún avance. Cualquiera puede decir que se entienda como un gesto del Gobierno, pero es que nosotros no estábamos pidiendo que destituyeran al director; lo que pedimos es que ese instructivo que es contrario al derecho sea derogado”, indicó José Francisco Jiménez.

Destacó que estos sectores han introducido ante el TSJ dos recursos de nulidad: uno por el sector universitario y otro por gremios de la administración pública y salud, que reposan en la Sala Constitucional y en la Sala Política-Administrativa.

ENCUENTRO EN SEPTIEMBRE

La Intersindical Carabobo planteó un encuentro regional de trabajadores para el próximo 15 de septiembre con trabajadores de la entidad.
El objetivo es ampliar la base de consulta para elaborar un documento que refleje “una radiografía general” de la situación laboral de la región, con la libertad sindical y con los detenidos. Ese oficio será preparado para ser expuesto ante la OIT.

A su vez, buscan crear un plan de acción único para enfrentar la situación de los trabajadores, jubilados y prestaciones sociales.

(Paúl Esteban Trejo)