De acuerdo a la información de los medios, a ambos se les acusa de cobrar por la verificación de antecedentes penales a través del Sistema Integral de Información Policial (Siipol), la base de datos administrada por el Cicpc.
Además de verificar antecedentes penales, también ofrecían servicios de chequeo del estatus de vehículos, cobrando 10 dólares en efectivo por cada revisión.
Se conoció que también gestionaban trámites en diversas instituciones del Estado, incluyendo el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), así como en lo relacionado con el Registro Civil Venezolano (RCV).
Estos servicios eran promocionados a través de grupos de WhatsApp compuestos por funcionarios policiales. Al momento de su arresto, los oficiales se encontraban en su tiempo libre.
