Más de veinte altos ejecutivos de la petrolera estaban involucrados en el caso y se llegó a calcular que, por sus “datos” a las transnacionales, habrían recibido cerca de mil millones de dólares.
Sucesos. - El 31 de agosto de 1.983 un Juzgado de Salvaguarda del Patrimonio Público decidía sobre la averiguación en contra de una cantidad de ejecutivos de la petrolera estadal Petróleos de Venezuela S.A., en el famoso caso de “Los Petroespías”.
Eran tiempos de la presidencia de Luis Herrera Campins. Sucede que desde unos años antes, un grupo de gerentes y ejecutivos de Pdvsa y de algunas de sus empresas filiales Lagoven, Maraven, Intevep o Corpoven se habían dado a la tarea de vender información sensible y secreta de las potencialidades de la industria petrolera y especialmente de los yacimientos de la faja petrolífera del Orinoco.
De los archivos confidenciales de la empresa estadal salieron mapas de yacimientos, documentos técnicos y planes estratégicos que, mediante simples fotocopias o sofisticados métodos de microfilmes, fueron a parar a las manos multinacionales norteamericanas que buscaban ventajas en las futuras licitaciones para explotar la Faja del Orinoco.
Los compradores eran poderosas empresas transnacionales de la industria petrolera, especialmente norteamericanas. Eran los tiempos en que se empezaba a hablar de explotar la faja petrolífera del Orinoco. En ese escenario Intevep, la filial de Pdvsa encargada de la investigación, manejaba información estratégica y confidencial sobre las reservas y las técnicas de extracción del crudo extrapesado, materia de altísimo interés para las grandes multinacionales de la energía.
Más de veinte altos ejecutivos de la petrolera estaban involucrados en el caso y se llegó a calcular que, por sus “datos” a las transnacionales, habrían recibido cerca de mil millones de dólares.
Los delitos que se imputaban a los funcionarios eran utilización ilícita de datos de información reservada, ocultamiento, retención y destrucción de documentos, concierto de funcionario con interesados o intermediarios, tipificados en la Ley de Salvaguarda vigente para la época en los artículos, 63, 70 y 76, y detentación ilícita de arma de fuego.
Todo se había iniciado a raíz de investigaciones de Maraven, realizadas por la seguridad interna que en esos tiempos estaba a cargo de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip).
La policía practicó la detención de una veintena de personas que puso a disposición del tribunal. Varios de los principales implicados abandonaron rápidamente el país, antes de ser capturados.
La juez decretó auto de detención contra Joe Thargard Hill, Matías Szabo Vamos, Rafael Hernán Rojas Leal, Ramón Eduardo Curiel Alcalá, Óscar Emiro Bastidas Hernández, quienes fueron remitidos al Retén de Catia.
Por otro lado, se ordenó la libertad con prohibición de salida del país para Carlos Blanco, Antonio Sarof Tepedino, Juan Carlos Gómez, Jacobo Keyfess, Oswaldo Franzini, Jean Lacombe, Guillermo Guariguata y Fernando Márquez, según constaba en el expediente 6901.
Varios de los detenidos recibieron al poco tiempo el beneficio de “habeas corpus”; es decir, libertad condicional. Al final, solamente cuatro de los implicados purgaron una cierta cantidad de años en prisión.
