El procedimiento ejecutado por funcionarios de la Policía de Carabobo, adscritos al Servicio de Investigación Penal (Sipec), el pasado 6 de diciembre, en el municipio San Diego, se ejecutó tras recibir la denuncia de la madre de una de sus víctimas. La mujer, al observar comportamientos inusuales en su hija, decidió conversar con ella, quien le confesó que había sido víctima de abuso por parte de su tío político desde los seis años.
En consecuencia, los agentes abrieron una investigación en la que determinaron que además de la denunciante, abusó de otras dos infantes. Así como también que el individuo pertenece a una posible red de pornografía infantil, ya que el sujeto realizaba videollamadas a potenciales "clientes" extranjeros cuando cometía sus hechos, según dio a conocer la periodista de sucesos de la entidad, Katherin Persan.
También se sospecha que Oliveros cobraba mil dólares por las llamadas que realizaba.
