La ley, que ha suscitado duras críticas entre activistas, afecta a los menores de 21 años y estipula penas de 15 años de prisión para los infractores, así como una sanción de 50 mil dólares y la revocación de todas las licencias y permisos del personal médico.
"Los menores, al no haber alcanzado aún la madurez emocional, cognitiva y física necesaria, son especialmente vulnerables a tomar decisiones que pueden tener consecuencias irreversibles. Por lo tanto, es deber del Estado garantizar su bienestar integral", reza la legislación, que también establece que no se pueden utilizar fondos públicos para estos fines.
