El juez encargado del caso, Santiago Pedraz, archivó la investigación respecto a este empresario, quien fue detenido en Londres en septiembre del año pasado y después puesto en libertad.
Esta investigación, que estaba bajo secreto, se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía y pretendía dilucidar si una serie de ciudadanos venezolanos habrían cometido blanqueo mediante inversiones en España con dinero procedente de un fraude derivado de un préstamo firmado en 2012 por parte de la petrolera estatal venezolana Pdvsa y la empresa privada Administradora Atlantic.
Al no ser ilícito el origen de los fondos, no se produce un delito de blanqueo y por eso Pedraz archiva la causa. "No hay pues delito antecedente. Y, como se sabe, el delito de blanqueo de capitales (…) exige no sólo una actividad delictiva previa, sino una conexión de tipo causal entre el bien y esa actividad delictiva", señala el juez.
Pedraz recalca que si los fondos no tienen procedencia delictiva acreditada no puede existir delito de blanqueo y que la justicia venezolana determinó que "el préstamo a Pdvsa y su devolución en divisas es conforme a la legalidad de dicho país y no constituye delito" y dicha resolución tiene eficacia jurídica internacional.
