El mandatario venezolano y su esposa, que es diputada al parlamento de su país, se declararon inocentes durante la primera cita con el juez realizada el pasado 5 de enero
País.- Este jueves 26 de marzo, y a pocos días de cumplirse tres meses del secuestro militar del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada a la Asamblea Nacional, Cilia Flores, acción dirigida por el Pentágono y perpetrada por tropas del Delta Force (unidad élite del Ejército de EE.UU.), se realizará en Nueva York la segunda audiencia del juicio impuesto por la Justicia norteamericana contra ambos funcionarios venezolanos.
Maduro y Flores fueron secuestrados la madrugada del pasado 3 de enero mientras tropas estadounidenses bombardeaban blancos civiles y militares en la Gran Caracas. La agresión militar dejó más de 100 víctimas fatales, entre ellos civiles, militares venezolanos y 32 soldados cubanos que prestaban servicio en Venezuela como parte de la Guardia Presidencial.
Tras la invasión militar del Pentágono en Caracas y el rapto de Maduro y Flores, los funcionarios fueron trasladados a una prisión federal de máxima seguridad en Nueva York, donde se encuentran privados de libertad mientras la Justicia de EE.UU. determina su futuro en medio de acusaciones de efectuar un proceso viciado, ilegal, carente de jurisdicción e infundado, acusados de supuesto "narcoterrorismo".
En la primera audiencia ejecutada tan solo dos días después de su secuestro en Caracas, el 5 de enero, ambos fueron presentados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York ante el juez Alvin Hellerstein, un togado de 92 años que ha estado al frente por décadas en casos de alto perfil.
En esa primera audiencia ante Hellerstein, tanto Maduro como Flores se declararon inocentes de los cargos que pretende imputarle la Fiscalía estadounidense a cargo de Pam Bondi, un caso que ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por Caracas de ser un montaje de Washington para inculpar al jefe de Estado de supuestamente dirigir una organización delictiva identificada por EE.UU. como el "Cartel de los Soles".
"Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas", dijo Maduro en esa primera comparecencia, donde añadió: "No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país". Tras ello, la diputada Cilia Flores, procedió de la misma manera y se declaró "no culpable, completamente inocente".
Inconsistencia clave
Un argumento clave de la acusación contra Maduro ha pasado a ser desestimado durante el proceso judicial en su contra. Y es que el señalamiento de que presuntamente dirigía el supuesto "Cartel de los Soles", no aparece en la acusación formal, una omisión que a la luz del derecho penal estadounidense, implica el reconocimiento de que tales afirmaciones no eran sostenibles ni demostrables en un juicio.
Un memorando secreto de EE.UU. desvela el endeble andamiaje jurídico que usó el Departamento de Justicia para intentar justificar la incursión militar contra Venezuela y el secuestro de Maduro y Flores. El texto desclasificado y fechado el 23 de diciembre de 2025, señala la existencia de un supuesto "Cartel de los Soles" como una estructura criminal que "ha estado íntimamente involucrada en el tráfico de drogas a través de Venezuela", por lo que se usa como fundamento para darle luz verde a la agresión militar y alegar que el Gobierno venezolano representaba un peligro para la seguridad estadounidense.
Además, el documento asegura que la organización tendría "vínculos con las FARC, pero también con otros grupos armados como Hezbolá", por lo que procura construir el argumento de que el Gobierno no era un interlocutor válido en términos políticos ni judiciales. Sin embargo, ninguno de esos señalamientos figura en esos términos en la acusación. De hecho, en la demanda contra Maduro desaparece la afirmación de que el mandatario lideraba el supuesto grupo criminal.
El propio expediente también descarta que el Cártel de los Soles sea una organización real y degrada esa denominación al nivel de un "sistema de patrocinio" y una "cultura de corrupción". El documento —clasificado y divulgado posteriormente con amplios pasajes censurados— salió a la luz después de que Maduro fuera secuestrado y de que EE.UU. atacara al país de forma unilateral, sin autorización del Congreso.
Ante tales inconsistencias, que fueron desveladas de manera extraoficial por la prensa, el entonces fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, insistió que se debía proceder a la "libertad inmediata" de Maduro y Flores, y el cierre del proceso a cargo del juez Hellerstein, a quien instó a frenar el proceso judicial irregular en la segunda audiencia, "en tanto ellos mismos han dicho que el Cartel de los Soles no existe".
¿Desestimar el caso?
Para la segunda audiencia el tema central que ocupará la atención del juez Hellerstein será su decisión sobre desestimar el caso por violar una serie de normativas, entre ellas, el legítimo derecho a la defensa, la inmunidad presidencial de Maduro y parlamentaria de Flores, así como las violaciones a las leyes cometidas durante la agresión militar contra Venezuela que terminó con el secuestro del mandatario y su esposa.
Los abogados de Maduro y Flores alegan que el Departamento del Tesoro interfiere en su derecho constitucional a la defensa al negarles el acceso a fondos del Estado venezolano para cubrir los honorarios de sus equipos legales. Sobre esto, el defensor del dignatario, Barry Pollack, le refirió a Hellerstein que EE.UU. emitió una excepción a las sanciones financieras impuestas a Venezuela para que Caracas pudiera cancelarle sus honorarios profesionales, pero la revocó poco después sin explicación y sin ofrecer otra alternativa.
Para Pollack, esa decisión socava el derecho de Maduro a disponer de un abogado, tal como se consagra en la sexta enmienda de la Constitución estadounidense y sobre esa base, solicitó que se desestimaran los cargos. Además, alegó que si el Estado venezolano no financia sus labores, no podrá continuar como representante legal del mandatario.
"Espinosas cuestiones legales"
Según el medio estadounidense NPR, varios "expertos" sostienen que "el caso Maduro presenta espinosas cuestiones legales" y pone al propio Hellerstein a asumir "uno de los casos más complejos de la administración Trump".
Entre los problemas que "probablemente surgirán" en el juicio a Maduro y Flores, dicen los expertos, está como "tema central", la forma en cómo Maduro fue sacado de Venezuela "en una redada militar estadounidense nocturna y si eso afecta la legitimidad de su caso".
Además, señala NPR, se espera que Maduro argumente que, como líder de Venezuela, debería estar protegido de ser procesado. Stephen Vladeck, profesor de la Facultad de Derecho de Georgetown que se especializa en tribunales federales y leyes de seguridad nacional, dijo a ese medio que la doctrina llamada "inmunidad de jefe de Estado, es reconocida por 'casi todos los países'".
"Es la idea de que un país no procesa a un [actual o] anterior jefe de Estado de otro país por delitos que cometieron o presuntos delitos que cometieron mientras eran jefes de Estado", dijo Vladeck, quien sin embargo considera que el caso de Maduro es especial por la complicada situación sobre su reconocimiento diplomático como mandatario por parte de EE.UU.
Ante tal escenario, dice Vladeck, es probable que el caso se prolongue. "Creo que los procedimientos previos al juicio por sí solos van a tomar una cantidad considerable de tiempo. Estamos hablando de años, no de meses".
Reclamos internacionales
Tras el secuestro de Maduro y Flores, varios Gobiernos han expresado su preocupación por la acción ilegítima de EE.UU. en la agresión militar contra Venezuela y el secuestro de Maduro, que además han servido para que Washington ejerza mayor presión contra Caracas y obligar al país suramericano a ceder en cuestiones claves como el acceso a su industria petrolera, gasífera y a recursos minerales estratégicos no renovables como oro, bauxita, coltán, diamantes, entre otros.
Desde países como Colombia, Cuba, México, Nicaragua, Brasil, Rusia y China, se ha instado a EE.UU. a que libere inmediatamente a Maduro y Flores, porque tienen inmunidad y su secuestro viola la legislación internacional.
La vocera de la Cancillería rusa, María Zajárova, señaló que, conforme a "la norma universalmente reconocida del derecho internacional", Maduro tiene inmunidad como jefe de Estado "en la jurisdicción de EE.UU. o en cualquier otro país, excepto Venezuela". "Por tanto, […] su secuestro y detención viola de manera flagrante las obligaciones legales internacionales" del país norteamericano, manifestó la funcionaria quien abogó por su inmediata liberación.
Por su parte, la portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, declaró que "EE.UU., ignorando la condición de jefe de Estado del presidente Nicolás Maduro, lo acusó abiertamente en un tribunal nacional y llevó a cabo un supuesto 'juicio' que violó gravemente la soberanía de Venezuela y socavó gravemente la estabilidad de las relaciones internacionales". Por tal motivo, instó "a liberar al presidente Maduro y a su esposa de inmediato y a garantizar su seguridad".
Previamente la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada, por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que interpretó la ausencia de Maduro como "forzosa", ha insistido que Nicolás Maduro "es el presidente legítimo" de Venezuela. Además, defiende la inocencia del mandatario y su esposa. "Como abogada que soy, tanto el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes".
