Detalló que la amnistía benefició a 245 personas que estaban "privadas de libertad" y a 5 mil 826 que tenían medidas cautelares
País.- La Justicia de Venezuela otorgó un total de 6 mil 71 libertades plenas en el marco de la Ley de Amnistía aprobada en febrero pasado para los casos de presos políticos, la gran mayoría de ellas a personas que tenían medidas cautelares, informó este martes el presidente de la Comisión Parlamentaria para la aplicación de la norma, Jorge Arreaza.
En una rueda de prensa en la sede del Legislativo, Arreaza indicó que el sistema de justicia venezolano recibió 9 mil 419 solicitudes de amnistía, de las cuales fueron otorgadas unas 6 mil 071 libertades plenas.
En ese sentido, detalló que la amnistía benefició a 245 personas que estaban "privadas de libertad" y a 5 mil 826 que tenían medidas cautelares, la mayoría de ellos, añadió, son de los detenidos por la crisis postelectoral de 2024.
"Ha habido mucha celeridad en el proceso y le rogamos a quien aún está esperando que el tribunal correspondiente tome la decisión o la sala de apelaciones, en el caso que haya habido una apelación, recuerden los 15 días cuentan a partir de la recepción de la solicitud de amnistía", señaló Arreaza.
Igualmente, sostuvo que habrá una "depuración" de la lista total de solicitudes porque hay casos repetidos.
El diputado también dijo que hasta el momento no ha habido solicitudes de amnistía de venezolanos que se encuentran en el exterior pero apuntó que hay personas que se comunicaron con diputados opositores y oficialistas sobre la voluntad que tienen para hacer el procedimiento.
Arreaza insistió en que la Ley de Amnistía debe ser considerada un "primer paso" que no le dará la paz a Venezuela "por sí sola".
El Parlamento aprobó por unanimidad una histórica Ley de Amnistía para los procesos de presos políticos desde 1999 hasta 2026, pero que se aplicará de forma específica a 13 hechos ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.
Asimismo, creó una comisión especial para garantizar el cumplimiento de la norma, además de revisar casos "no contemplados" en la ley, una función que también cumplirá el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, instalado en enero por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
