Durante una entrevista, explicó que la normativa surge como una iniciativa del Ejecutivo Nacional para avanzar hacia la paz y la reunificación de los sectores políticos. Dijo que, a diferencia de instrumentos como el indulto, esta ley permite la eliminación de antecedentes penales, lo que facilita la reinserción social y económica de los beneficiarios.
Detalló que, hasta la fecha, más de tres mil personas han recibido este beneficio, lo que permite que ciudadanos antes limitados por medidas cautelares recuperen el acceso a documentos de identidad y derechos civiles básicos.
Destacó que el Parlamento creó una comisión especial de seguimiento para supervisar el cumplimiento de la ley y asegurar que los delitos comunes queden excluidos; pero resaltó que los crímenes como el homicidio o el tráfico de drogas no tienen cabida en este instrumento legal, pues la norma posee un espíritu netamente político.
Del mismo modo, aseveró que esta vigilancia especial cuenta con la participación del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz para evitar que sectores violentos desvirtúen el propósito de la reconciliación nacional.
En el ámbito internacional, el diputado señaló que el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela manifiesta su satisfacción y respaldo a este paso jurídico. También resaltó que la percepción hacia el país experimenta un cambio positivo en distintos centros de gobierno del mundo tras la aprobación por unanimidad en la Asamblea Nacional. Incluso, mencionó que factores externos reconocen la relevancia de este tema, el cual resulta fundamental para normalizar las relaciones diplomáticas y comerciales con otras naciones.
Finalmente, enfatizó que el objetivo central es la no repetición de hechos que vulneren la paz de la República, por lo que la ley busca el fin de la dualidad de poderes y el fortalecimiento de una ruta democrática electoral clara para todos los venezolanos.
Zambrano aseguró que con esta medida, el Estado proyecta la reinserción de aproximadamente cinco mil ciudadanos a la vida productiva del país, bajo la premisa de una convivencia sana y el respeto absoluto al ordenamiento jurídico interno.
