En tal sentido la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, alertó sobre organizaciones que, bajo la fachada de ser entidades no gubernamentales, cobran sumas de dinero a familiares y amigos de los detenidos a cambio de gestiones inexistentes.
Esta práctica ha sido calificada por Rodríguez como una "miseria" que busca empañar un proceso de pacificación que es, por naturaleza, gratuito y soberano.
Rodríguez enfatizó que estas agrupaciones intentan pescar en río revuelto para engañar a la comunidad internacional y vender una imagen distorsionada de la realidad judicial venezolana.
De acuerdo con la denuncia, estas organizaciones no solo extorsionan a las familias, sino que también pretenden mentir al mundo sobre el origen y la ejecución de las medidas de gracia otorgadas por el Estado. Ante esto, el Ejecutivo Nacional ratificó que no se permitirán acciones que mercantilicen el dolor humano o el derecho a la justicia.
