Los legisladores reactivaron la legislación por 63 votos a favor, siete en contra y ninguna abstención, más de los dos tercios del recinto. Así quedó firme y ya no quedan más instancias para que el ejecutivo evite su promulgación.
Resultado que desató un enorme júbilo y desbordada alegría de miles de familiares, personas incapacitadas, terapeutas y otros especialistas que los atienden quienes se manifestaban en la plaza frente a la sede senatorial en reclamo, precisamente, del rechazo al veto de Milei.
De hecho, es la primera vez que el Congreso de la Nación revierte un veto presidencial desde hace 22 años, cuando en 2003 durante el gobierno de transición de Duhalde, hicieron valer la ley que reducía aranceles a la importación de azúcar.
La votación afirmativa del Senado acontece en medio del escándalo por el supuesto pago de coimas a funcionarios relevantes de la Presidencia provenientes de facturas sobredimensionadas de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad durante el mandato de Diego Spagnuolo, amigo y exabogado de Milei.
Eso generó un doble rasero: por un lado la corrupción en torno a Milei y por el otro, la procacidad exhibida para con uno de los grupos más vulnerables de la sociedad.
La emergencia en discapacidad -aprobada en julio de este año y vetada por Milei- estipula fondos hasta diciembre de 2027 para el pago a los prestadores de servicios (enfermeros, acompañantes y transportistas).
También restablece el proceso de aprobación de pensiones y actualiza las sumas que en junio del 2025 era de 213 mil 286 (156,25 dólares), muy por debajo de la inflación; y aumenta la remuneración a los trabajadores con discapacidad que son empleados en talleres asistidos, quienes cobran 28 mil pesos mensuales (20,55 dólares) desde febrero del 2023, cifra insignificante.
El mandatario Milei ahora quien ya no puede frenar la iniciativa la cual aumenta el presupuesto para la atención de los discapacitados el único recurso que le queda es judicializar la ley como prometió.
Además, la cámara alta tiene en agenda tratar un proyecto para limitar las atribuciones del Presidente para dictar decretos de necesidad y urgencia, y así esquivar el control legislativo, a fin de imponer sus políticas. De ser aprobado sería otro rudo golpe a los actuales inquilinos de la Casa Rosada.
